¿De qué tratan exactamente los amparos contra los nuevos libros de texto gratuitos?

Durante las últimas semanas se ha conocido un poco más sobre la polémica que se desató tras las críticas de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), críticas que han llegado incluso a los tribunales al interponerse amparos contra el nuevo material educativo.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) interpuso un amparo en contra de los libros de texto gratuitos de la SEP, cuya raíz es que el material fue impreso sin haber sido consultado y aprobado previamente, considerando esto como una “imposición” hacia los niños.

La indignación generalizada se dio principalmente porque el contenido de los libros se hizo sin respetar consultas obligadas por la ley, algo que se ha considerado como una “acción autoritaria” por parte del gobierno federal.

El amparo se dio en base a la Ley General de Educación, la cual establece que se deben dar a conocer los planes y programas para que, como padres de familia, se puedan aportar comentarios… algo que no ha ocurrido este año.

Según padres de familia, los nuevos libros no corresponden a la realidad que se vive en México, especialmente en la cuestión del refuerzo en conocimientos en materias como español y matemáticas, materias que apenas tienen presencia en el nuevo material educativo.

SEP reserva por cinco años la información para elaborar los nuevos planes de estudio

Tras la polémica y los cuestionamientos a la SEP, esta dependencia determinó reservar la información sobre las asambleas para elaborar los nuevos planes de estudio y lo libros de texto gratuitos, argumentando que hacerlas públicas podría afectar a los procesos en marcha o vulnerar datos personales.

Dicha información fue reservada por cinco años luego de que fuera solicitada a través del portal de transparencia, luego de que el titular de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, difundiera a través de redes sociales documentos de estas asambleas con la finalidad de justificar los nuevos planes.

Arriaga afirmó en sus redes sociales que se habrían realizado 41 asambleas, mismas que se habían convocado “a miles” y que habían contado con la asistencia de más de “1 millón de personas”.

Según el documento compartido por el funcionario, en enero 2022 quien fuera la secretaria de Educación, Delfina Gómez, instruyó a Arriaga y a la directora general de Desarrollo Curricular para coordinar y participar “en la realización de las reuniones de análisis y discusión de los proyectos del plan y los programas de estudios aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, y los contenidos para el diseño de los libros de texto gratuitos y materiales educativos de apoyo”.

Como pruebas de estas reuniones, el funcionario adjuntó dos documentos que mencionan siete foros, tres de ellos efectuados en Tabasco, Chiapas y Oaxaca, entre el 22 y el 25 de noviembre de 2021, así como cuatro realizados en Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua entre el 6 el y el 10 de diciembre del mismo año.

Dichos eventos se habrían llevado a cabo previamente a la instrucción que recibieron para realizar reuniones sobre materiales educativos, pero no contienen información sobre los diálogos establecidos entre asistentes y organizadores, ni de propuestas hechas por docentes e integrantes de comunidades escolares.

Los argumentos para reservar la información

La solicitud hecha habría pedido datos sobre las asambleas y análisis de los materiales para el siguiente ciclo escolar, pero la SEP declaró que “hay información considerable relacionada con los libros de texto gratuitos”, pero al contener minutas, acuerdos y actas relacionadas con la elaboración y diseño de los materiales, “dar a conocer estos elementos que no forman parte de un proceso final, puede ser un obstáculo para su elaboración y desarrollo”.

A su vez, se aseguró que la carpeta con la información solicitada “podría contener información susceptible de protección de datos personales”, por lo que fue reservada, a pesar de que según la SEP, eran servidores públicos en los que se encontraban en las asambleas.

Para reservar los datos, la SEP utilizó el artículo 3 de la Ley General de Transparencia, el cual indica: “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada como excepcionalmente como reservada por razones de interés público y de seguridad nacional o bien, como confidencial”.

Ante esto la SEP indicó que “la documentación relacionada con las asambleas y análisis del plan y programas de estudio se deberán de considerar como reservadas o de lo contrario se vulnerarían los bienes jurídicos que tutela el supuesto de reserva establecido, consistentes en la política pública implementada, la cual debe responder a la satisfacción de interés social y del bien común, atendiendo a la protección de un interés superior de la niñez, mismo que no puede estar supeditado al interés de un particular”.

Dichas asambleas a las que se refiere Arriaga se habrían realizado antes del ciclo escolar 2022-2023, momento en el que la SEP querría que entrara en vigor un nuevo plan de estudios, así como un nuevo material educativo, pero el amparo promovido por la organización Educación con Rumbo había frenado la puesta en marcha.

Los reclamos y consultas legales por las consultas

Apenas el pasado 15 de mayo se dio a conocer que los libros de texto gratuitos de primaria habían sido impresos sin cumplir con el proceso de elaboración que dicta la Ley General de Educación, la cual establece que previo a su elaboración se deben publicar los planes de estudio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en tanto que los materiales deben ser consultados entre profesores y padres de familia o tutores.

Ante esto, la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo contra los nuevos libros de texto apenas dos días después, argumentando la “imposición” de material sin respetar consultas.

Dicho amparo se concedió recién el 26 de mayo por una jueza federal, lo que ordenó a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) que se suspendieran las impresiones hasta que se verifique que se haya cumplido con los procedimientos legales.

Como respuesta la SEP y Conaliteg interpusieron un recurso para buscar modificar o revocar dicha suspensión.