Organizaciones acusan a Sheinbaum de “no tener plan” migratorio ante Trump

Asociaciones civiles en Tijuana, la ciudad fronteriza más grande de México, han acusado al gobierno de Claudia Sheinbaum de carecer de un plan integral para afrontar la crisis migratoria que podría intensificarse tras los recientes anuncios de Donald Trump. La semana pasada, el expresidente de Estados Unidos reveló nombramientos clave en su equipo que refuerzan su agenda de deportaciones masivas, en caso de recuperar la presidencia.

Líderes de estas organizaciones señalaron que Tijuana ya enfrenta un flujo constante de personas migrantes y deportadas, lo que genera presión sobre los albergues, servicios de salud y recursos básicos. “El gobierno federal no ha presentado un plan claro para apoyar a las ciudades fronterizas en lo que se vislumbra como una crisis humanitaria mayor”, advirtieron.

La administración de Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos humanos de los migrantes y la cooperación con Estados Unidos para abordar las causas de la migración. Sin embargo, activistas locales urgen medidas inmediatas para fortalecer la infraestructura humanitaria en la región y evitar un colapso en los servicios esenciales.

José María García Lara, director de la Alianza Migrante Tijuana, señaló que el abandono de las ciudades fronterizas para atender la crisis migratoria no es nuevo y viene desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Según García Lara, durante ese periodo se recortaron los apoyos a las organizaciones ciudadanas encargadas de brindar asistencia a los migrantes en todo el país.

“El gobierno federal dejó a las asociaciones civiles prácticamente solas para enfrentar una situación cada vez más compleja. Ahora, con el anuncio de Donald Trump sobre deportaciones masivas, vemos que el problema puede empeorar y seguimos sin un plan claro para afrontarlo”, declaró García Lara a EFE.

Tijuana, una de las ciudades más afectadas por los flujos migratorios, enfrenta una creciente presión sobre sus recursos y albergues. Las organizaciones civiles han instado al gobierno de Claudia Sheinbaum a restablecer los apoyos eliminados en años anteriores y a diseñar una estrategia integral que responda a la magnitud de la crisis humanitaria en la frontera norte.

La reciente victoria de Donald Trump y su promesa de deportaciones masivas han generado incertidumbre en la frontera norte. En respuesta, organismos civiles, el Gobierno de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana ya han iniciado reuniones para prepararse ante una posible crisis humanitaria.

“Ya tuvimos un acercamiento con las autoridades. Se llevó a cabo una reunión virtual para tratar el tema y buscar alternativas ante la incertidumbre que nos genera este escenario”, explicó García Lara.

La preocupación aumentó con el anuncio del nombramiento de Tom Homan como próximo “zar de la frontera” en la administración de Trump. Homan, quien fue director del ICE durante el primer mandato del republicano, es recordado por implementar la polémica política de separación de familias migrantes.

Ante este panorama, Tijuana y las organizaciones civiles se alistan para enfrentar los posibles efectos de las nuevas políticas migratorias estadounidenses, mientras reclaman al gobierno federal un plan integral y apoyo concreto para gestionar esta situación.

El nombramiento de Stephen Miller como subdirector de política de la Casa Blanca, anunciado por Donald Trump, ha intensificado las preocupaciones en Tijuana. Miller, conocido como el arquitecto de la estrategia de deportaciones masivas durante la presidencia de Trump, será clave en la implementación de políticas migratorias más estrictas. Este cambio en la administración estadounidense ha generado una creciente incertidumbre sobre el impacto en la frontera norte de México.

Hugo Castro, fundador de la Coalición S.O.S. Migrante, expresó su preocupación sobre el uso de los recursos del Gobierno de México en lo que considera una persecución de los migrantes, en lugar de protegerlos. “Es lamentable que los recursos del Gobierno mexicano estén siendo utilizados para la persecución de los migrantes, y que, a pesar de la creciente violencia hacia esta población, se esté normalizando esta situación”, dijo Castro en declaraciones a EFE.

El activista también cuestionó las afirmaciones de las autoridades, que aseguran estar “rescatando a los migrantes”. “¿Cuándo les pidieron apoyo? Son migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos, que tienen sus familias allá y no quieren regresar”, agregó.

Castro destacó que muchos migrantes se enfrentan ahora a la presencia de la Guardia Nacional durante su tránsito por México. Según el último informe de seguridad del Gobierno de López Obrador, se han desplegado 36,000 elementos de las Fuerzas Armadas para tareas migratorias, lo que, según el activista, ha aumentado la presión sobre los migrantes y ha exacerbado la violencia en su camino.

“Con esto, se acentúa la necesidad de buscar medios alternativos para llegar a Estados Unidos, y es así como terminan en las manos de los polleros (traficantes de personas), que son los únicos que se benefician de toda esta situación”, concluyó Castro.

Las críticas de los activistas subrayan las tensiones crecientes entre las políticas migratorias del Gobierno de México y las necesidades de protección y apoyo para los migrantes, mientras se enfrentan a un sistema cada vez más represivo en su tránsito hacia el norte.