A partir de 2026, bancos en México exigirán identificación para depósitos y retiros

A partir del 1 de julio de 2026, cualquier persona que realice depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos (aproximadamente 7,500 dólares) en sucursales bancarias deberá identificarse con una credencial oficial y proporcionar al menos un dato biométrico, anunció la Asociación de Bancos de México (ABM).

En conferencia de prensa, Emilio Romano, presidente del organismo, explicó que esta iniciativa —aprobada por el Comité de Asociados— forma parte de un conjunto de recomendaciones para robustecer las capacidades del sistema financiero mexicano en la prevención de lavado de dinero y el combate al financiamiento de actividades ilícitas.

“Esto va más allá de la regulación actual y busca no solo evitar operaciones ilícitas, sino también impulsar la digitalización de la economía y reducir el uso excesivo de efectivo, que suele estar vinculado a dichas actividades”, señaló Romano.

Medidas complementarias
La ABM también recomendó que las transferencias internacionales solo puedan realizarse entre cuentahabientes identificados y se comprometió a mantener reuniones periódicas con autoridades nacionales e internacionales para coordinar esfuerzos contra el lavado de dinero.

Romano destacó que México es uno de los primeros países a nivel mundial en implementar una plataforma de intercambio de información en tiempo real para prevenir operaciones ilícitas a través de la banca.

Contexto regulatorio
El anuncio se produce en un momento de mayor escrutinio al sistema financiero mexicano, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.

Al respecto, Romano afirmó que, según las autoridades estadounidenses, estas tres entidades son las únicas involucradas en dicha investigación. No obstante, reconoció que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) —que ya impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a estas instituciones— determinar responsabilidades y aplicar medidas correctivas.