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Alerta en México: 8 estados en “riesgo muy alto” de violencia político-electoral en elecciones judiciales
Un análisis de la organización México Evalúa reveló que ocho entidades del país enfrentan un “riesgo muy alto” de violencia político-criminal de cara a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, las primeras en la historia de México donde la ciudadanía elegirá directamente a integrantes del Poder Judicial Federal.
Los estados en máxima alerta
El estudio identifica a Baja California como la entidad con mayor peligro, seguida de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima, regiones donde grupos criminales han incrementado su influencia en procesos políticos. Otras siete entidades, incluidos el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, figuran en “riesgo medio”, mientras que solo Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán registran un nivel bajo de amenaza.
Elecciones bajo la sombra del crimen organizado
El informe alerta que, tras las elecciones de 2024 —consideradas las más violentas en décadas, con más de 550 agresiones contra candidatos y funcionarios—, existe el riesgo de que el crimen organizado intente “controlar territorios y cargos judiciales” para garantizar impunidad.
“La evidencia sugiere que poderes fácticos buscan infiltrarse en estos comicios para manipular sentencias y proteger sus intereses”, señala el documento, que urge a las autoridades a implementar un plan de seguridad “hiperfocalizado”: protección a candidatos vulnerables, uso de fuerzas estatales menos infiltradas y vigilancia especial en zonas críticas.
Un desafío histórico para la democracia
Por primera vez, más de 1.4 millones de votantes elegirán a más de 4,000 cargos judiciales, incluidos magistrados de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y jueces locales. Sin embargo, la falta de mecanismos claros para blindar el proceso preocupa a expertos.
“Un poder judicial independiente es vital para el Estado de derecho. Si el crimen lo coapta, se profundizará la impunidad”, advirtió México Evalúa. El organismo subraya que, más allá de medidas inmediatas, se requiere una reforma estructural: instituciones judiciales profesionalizadas, sistemas anticorrupción efectivos y políticas sociales que reduzcan la marginación, caldo de cultivo para el crimen.
