Cierre de fiscalías especializadas en Perú deja en la indefensión a víctimas de abuso sexual indígena

La Fiscalía de Perú desactivó varias unidades fiscales y médico-legales temporales en la provincia amazónica de Condorcanqui, región fronteriza con Ecuador, que atendían casos de abusos sexuales contra menores de comunidades indígenas. La decisión, confirmada por el Ministerio Público, se produce tras el vencimiento de un decreto de urgencia que las sostenía y en ausencia de una nueva asignación presupuestal.

Las fiscalías cerradas fueron creadas en mayo de 2025 como respuesta a la divulgación de cientos de abusos sexuales contra niños y niñas de los pueblos awajún y wampis, muchos de ellos presuntamente cometidos por profesores en escuelas. Sin embargo, su vigencia terminó el 31 de diciembre del mismo año, y el Poder Ejecutivo no renovó los fondos para su continuidad.

“Las medidas adoptadas (…) se sustentan en las disposiciones legales y en la disponibilidad presupuestal vigente”, explicó el Ministerio Público en un comunicado, añadiendo que, al no haberse previsto recursos, “se efectuó el cese de dicha medida extraordinaria”.

Reacciones: exclusión histórica y riesgo de impunidad
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) calificó la medida como “inaceptable” y advirtió que “profundiza la exclusión histórica” de las comunidades indígenas. “Desactivar estas fiscalías deja sin protección a niñas indígenas y favorece la impunidad en un territorio con altísimos índices de violencia”, señaló la organización.

Frente a las críticas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado en el que destacó que el Programa Nacional Warmi Ñan está fortaleciendo los servicios de atención integral, preventivos y de acompañamiento a víctimas, “con enfoque intercultural y respeto a los derechos de los pueblos awajún y wampis”.

Contexto: una crisis invisibilizada
Condorcanqui ha sido escenario de reiterados casos de violencia sexual contra menores indígenas, muchos de los cuales permanecen impunes debido a las barreras geográficas, lingüísticas y administrativas. El cierre de estas unidades especializadas, implementadas de manera temporal tras la presión pública y mediática en 2024, deja en duda la capacidad del Estado para garantizar justicia en una de las regiones más vulnerables del país.