Internacional
Condenan a 11 años de prisión a expresidente Pedro Castillo y su ex primera ministra por intento de golpe de Estado
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú condenó este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por el entonces presidente Pedro Castillo.
El tribunal declaró a Chávez como coautora del delito de conspiración para rebelión junto a Castillo y al también ex primer ministro Aníbal Torres, en una sentencia que marca un precedente jurídico sobre la responsabilidad penal de altos funcionarios en intentonas golpistas.
Nueva orden de captura contra Chávez
Como parte del fallo, la Corte Suprema emitió una nueva orden de búsqueda y captura en contra de la ex ministra, quien permanece bajo protección diplomática en la sede mexicana. Hasta el momento, el gobierno de transición peruano, encabezado por el presidente interino José Jerí, no ha concedido el salvoconducto que permitiría a Chávez viajar a México.
La situación diplomática se mantiene en un punto muerto, pues las autoridades peruanas insisten en que Chávez debe enfrentar la justicia local, mientras México ha reiterado su derecho a conceder asilo político.
Castillo comparte condena
En una sesión paralela, el expresidente Pedro Castillo recibió idéntica condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el mismo delito de conspiración para rebelión. Los magistrados determinaron que Castillo no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, lo que llevó a la Fiscalía a modificar su petición inicial de 34 años de cárcel.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo había anunciado en un mensaje a la nación la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y su intención de gobernar por decretos, como respuesta a una nueva moción de destitución en su contra por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, la medida no tuvo apoyo institucional y minutos después de abandonar Palacio de Gobierno -presuntamente con rumbo a la embajada mexicana- fue detenido. Horas más tarde, el Congreso lo destituyó formalmente, dando inicio a un proceso judicial que culmina con esta condena.
