¿Cuáles son las propuestas presentadas por la ministra Norma Piña como alternativa de la Reforma al Poder Judicial?

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, presentó un documento de 272 páginas con una propuesta de reforma integral al sistema de justicia en México, en coincidencia con el inicio de la discusión en el Senado sobre la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta de Piña Hernández plantea 20 transformaciones clave en dos áreas: aspectos institucionales y acceso a la justicia. En cuanto a los aspectos institucionales, sugiere la creación de una ley nacional de carrera judicial para estandarizar los procedimientos de acceso a cargos en los poderes judiciales del país. Asimismo, propone que el ascenso de jueces se base en mérito y capacidades profesionales.

Un aspecto destacado de la reforma es el llamado a eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento con las recomendaciones de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También plantea la necesidad de ajustar la figura de la flagrancia para evitar detenciones arbitrarias.

En cuanto a la seguridad pública, la ministra propone abandonar el enfoque de combate armado al narcotráfico, argumentando que este modelo ha incrementado la violencia en lugar de reducirla. Además, el documento sugiere que las Fuerzas Armadas deben reducir su participación en labores de seguridad pública, en favor de fortalecer las instituciones civiles, mejorando las condiciones laborales y salariales de los policías.

Otra de las propuestas es la creación de un Sistema Nacional de Defensorías que unifique su actuación ante los Ministerios Públicos, con especial atención a casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Se busca también incrementar el personal en las defensorías públicas y mejorar su autonomía.

Reforma en fiscalías y ministerios públicos

La propuesta de Piña Hernández también aborda cambios en las fiscalías y ministerios públicos, un aspecto que no está incluido en la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador. Se sugiere la creación de modelos de carrera y certificación para el personal de las fiscalías, así como un organismo independiente similar al Consejo de la Judicatura que evalúe su desempeño.

En materia de amparo, la ministra propone permitir suspensiones con efectos generales, en contraste con la reciente reforma de la Ley de Amparo impulsada por la mayoría de Morena, que limita las suspensiones de leyes. Además, se plantea que al menos el 2% del presupuesto público sea asignado al Poder Judicial para mejorar su eficiencia y eficacia.

Propuestas complementarias de otros ministros

Junto con la propuesta de Piña, se dieron a conocer otros dos documentos relacionados con la reforma judicial. El primero, elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal y el Tecnológico de Monterrey, recoge el análisis de la reforma judicial presentada por el presidente López Obrador, destacando la importancia de considerar cuidadosamente el contexto sociopolítico para evitar comprometer la independencia judicial.

El segundo documento, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, propone reformas a los poderes judiciales locales, como certificar los conocimientos de los abogados litigantes, crear clínicas de asesoría jurídica gratuita y establecer la carrera judicial local en la Constitución.

La presentación de estos documentos coincide con la discusión de la reforma judicial en comisiones del Senado y con manifestaciones en contra de la iniciativa presidencial, que fue aprobada previamente en la Cámara de Diputados. Estudiantes, trabajadores del Poder Judicial y diversos sectores de la sociedad civil han expresado su oposición a la reforma de López Obrador, argumentando que pone en riesgo la independencia judicial.