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Diputados aprueban reducir jornada laboral de 48 a 40 horas; la reforma será gradual hasta 2030
En una sesión que se extendió hasta la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, en un proceso que será paulatino y que concluirá en 2030.
El dictamen, que modifica el Apartado A del Artículo 123 constitucional, fue respaldado de manera mayoritaria tanto en comisiones como en el Pleno. En la Comisión de Puntos Constitucionales se registraron 34 votos a favor, mientras que en la Comisión del Trabajo la iniciativa obtuvo 27 votos.
Aunque se esperaba un debate álgido, la propuesta presidencial logró conciliar posturas incluso con la oposición. Durante la discusión en el Pleno se presentaron más de 300 reservas, pero al final el Partido Acción Nacional (PAN), que había manifestado algunas objeciones, terminó sumándose al respaldo de la reforma.
Uno de los aspectos que generó mayor discusión fue la gradualidad de la medida. La propuesta original que impulsaban organizaciones laborales contemplaba dos días de descanso obligatorio, pero la iniciativa presidencial establece una implementación escalonada que culminará en 2030, sin incluir la obligatoriedad de los dos días de asueto.
La reforma aprobada representa un avance significativo en materia de derechos laborales en México, país que mantenía desde hace décadas la jornada máxima de 48 horas semanales establecida en la Constitución de 1917.
Con la votación en San Lázaro, el proceso legislativo continúa ahora en los congresos estatales, que deberán analizar y, en su caso, ratificar la reforma constitucional. Una vez que la mayoría de las legislaturas locales den su aval, la iniciativa será turnada al Ejecutivo federal para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), momento en el que entrará formalmente en vigor.
La implementación de la jornada laboral de 40 horas se realizará de manera gradual a partir de 2025, con aumentos progresivos que permitirán a las empresas ajustar sus procesos productivos y finanzas hasta alcanzar la meta de 2030.
