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Elección Judicial 2025: Las 17 reglas de oro que los 3,422 candidatos no pueden romper

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Con el arranque oficial de las campañas para la Elección Judicial este 30 de marzo, los 3,422 aspirantes a cargos en el Poder Judicial Federal —incluyendo la Suprema Corte de Justicia— enfrentan un estricto protocolo de reglas. Estas son las 17 prohibiciones que podrían costarles desde multas millonarias hasta la descalificación.

El ABC de lo que NO pueden hacer

  1. Contratar espacios en radio y televisión.
  2. Contrata espacios en cualquier medio para promocionar su candidatura, incluyendo medios de comunicación, espacios físicos, impresos o digitales.
  3. Realizar actos de campaña antes del periodo establecido por la ley.
  4. Difundir propaganda electoral que contenga calumnias.
  5. Difundir propaganda electoral en la que se vulnera el interés superior de la niñez.
  6. Entregar material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, por cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio.
  7. Difundir propaganda electoral impresa en material distinto al papel.
  8. Difundir propaganda electoral impresa en papel que no sea reciclable, biodegradable o que tenga sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.
  9. Llevar a cabo actos de difusión de propaganda electoral tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas.
  10. Publicar, difundir o dar a reconocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como finalidad mostrar preferencias electorales tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas.
  11. Contrata personas físicas o jurídicas que realicen y difundan encuestas o sondeos de opinión.
  12. No entregar al INE, en tiempo y forma, la información que se establece en el artículo 525, numeral 3, incisos “b” y “c”, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
  13. Realizar actos o propaganda de campaña en el extranjero, sea que las personas candidatas lo hagan por sí o se acredite que se hizo con su consentimiento, sin perjuicio de la responsabilidad de las demás personas involucradas.
  14. Hacer actos que representen violencia política contra las mujeres en razón de género, conforme a lo que se establece en los artículos 442, numeral 2, y 442 Bis, de la LGIPE y el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de género.
  15. Difundir propaganda electoral que haga referencias inequívocas de identidad a un partido o fuerza política.
  16. Utilizar recursos públicos en efectivo o en especie.
  17. Incumplir cualquiera de las disposiciones que se incluyen en la Constitución y la LGIPE.
    • Prohibido contratar espacios en radio, TV, medios digitales o impresos. Ni un spot.
    • No se permite propaganda en vallas, bardas o cualquier formato físico.

Sanciones: De la amonestación al “fuera de juego”

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) será la encargada de vigilar el cumplimiento. Las faltas se castigarán con:

  • Amonestación pública (para infracciones leves).
  • Multas de hasta $565,700 pesos (por ejemplo, por usar plástico en propaganda).
  • Cancelación de registro (en casos graves como compra de votos o violencia política de género).

“No habrá tolerancia con quienes usen recursos públicos o incurran en prácticas discriminatorias”, advirtió el INE en un comunicado.

Datos clave del proceso

  • Fecha de elección: 1 de junio de 2025 (8:00 a 18:00 hrs).
  • Cargos en juego: Desde magistrados hasta ministros de la SCJN.
  • Gran ausente: Los partidos políticos. Por ley, los candidatos compiten como individuos, no como representantes de fuerzas políticas.

Lo que hace histórica esta elección

  1. Primera vez que se aplica un protocolo ambiental para materiales de campaña.
  2. Candados contra la violencia de género: Cualquier mensaje sexista o discriminatorio será sancionado bajo la LGIPE (Art. 442).
  3. Vigilancia extrema: La FGR desplegará equipos para monitorear redes sociales y actos públicos.

Los candidatos tendrán exactamente 60 días para convencer al electorado… pero solo jugando bajo las reglas.

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