Estados Unidos acusa a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Pemex

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, residentes legales permanentes en EU, por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial PEP para obtener contratos multimillonarios. El caso destapa nuevas prácticas corruptas en la paraestatal mexicana y revela los vínculos trasnacionales de estos delitos.

Según la documentación judicial, los acusados pagaron al menos 150,000 dólares en sobornos a empleados de Pemex para manipular procesos de licitación y asegurar negocios para empresas vinculadas a Rovirosa. Las autoridades estadounidenses los imputan por conspiración y tres violaciones sustantivas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), legislación que persigue el soborno internacional.

El fiscal adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del DOJ, enfatizó que “esta acusación transmite un mensaje inequívoco: no toleraremos el enriquecimiento mediante esquemas corruptos que distorsionan los mercados”. Galeotti fue designado en junio pasado por la administración Trump para liderar casos contra cómplices de cárteles y operadores financieros del crimen organizado.

Un elemento particularmente sensible del caso son los presuntos vínculos de Rovirosa con miembros de cárteles de droga, según menciona el documento judicial sin especificar detalles. Analistas consultados sugieren que estas conexiones podrían relacionarse con operaciones de lavado de dinero, aunque las autoridades no han proporcionado evidencia concreta al respecto.

En el aspecto procesal, Rovirosa ya fue detenido y compareció ante un juez federal en el Distrito Sur de Texas el pasado 10 de agosto, mientras que Ávila permanece en calidad de prófugo. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta hasta cinco años de prisión por cada cargo, lo que podría traducirse en condenas acumulativas significativas.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio los procesos de contratación de Pemex, empresa que ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción en años recientes. Expertos en compliance internacional señalan que esta acusación refleja la creciente presión de las autoridades estadounidenses contra prácticas corruptas en sectores energéticos estratégicos, particularmente cuando involucran a empresas o individuos con presencia en territorio norteamericano.

El contexto legal adquiere mayor relevancia considerando que la FCPA permite a EU perseguir actos de corrupción cometidos en el extranjero cuando involucran a empresas que cotizan en bolsa norteamericanas o utilizan el sistema financiero estadounidense.