Estos son los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Este lunes marcó el inicio de una nueva era en el máximo tribunal del país, con la integración de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las polémicas elecciones judiciales de 2025. El pleno queda conformado por cinco ministras y cuatro ministros, varios de ellos con trayectorias ligadas al poder ejecutivo y bajo el escrutinio público por posibles conflictos de interés y polémicas pasadas.

Un perfil con predominio del oficialismo

Tres de las cinco ministras —Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf— fueron ratificadas en sus cargos para un nuevo periodo. Las dos restantes —María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra—, junto con los cuatro ministros —Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García—, provienen de ternas enviadas por la entonces presidenta Claudia Sheinbaum, en un proceso que sustituyó el antiguo mecanismo de designación presidencial con ratificación senatorial.

Las ministras: continuidad y controversia

Lenia Batres, abogada y exmilitante de Morena, tiene una larga trayectoria en la función pública como asesora de Andrés Manuel López Obrador durante su jefatura de gobierno y de Claudia Sheinbaum en la delegación Tlalpan. Sin embargo, su designación no ha estado exenta de señalamientos por posibles conflictos de interés y nepotismo, dado que sus hermanos ocupan cargos relevantes en el ISSSTE y el Congreso de la CDMX.

Yasmín Esquivel Mossa logró la reelección a pesar de la sombra de plagio que rodeó su tesis de licenciatura en la UNAM, una investigación que la universidad no pudo concluir públicamente debido a recursos legales interpuestos por la ministra. También se han señalado sus vínculos con el empresario José María Rioboó, excolaborador de López Obrador.

Loretta Ortiz Ahlf, doctora en Derecho, se promovió como la primera mujer propuesta por AMLO para la Corte. Durante la campaña judicial, enfrentó acusaciones de tráfico de influencias en Estados Unidos, las cuales descalificó como “guerra sucia”.

María Estela Ríos González, excolaboradora de la Consejería Jurídica del gobierno de López Obrador, llegó a la SCJN entre cuestionamientos sobre su independencia tras haber formado parte del núcleo duro del ejecutivo.

Sara Irene Herrerías Guerra, con una carrera destacada en la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de derechos humanos, fue criticada por medios como Animal Político debido a los altos índices de impunidad (superiores al 90%) en casos de desaparición forzada, delitos contra migrantes y agresiones a periodistas durante su gestión.

Los ministros: perfiles técnicos y vínculos políticos

Hugo Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca y hablante de mixteco, es experto en derecho indígena. No obstante, su curriculum ha sido objeto de debate debido a la afirmación —desmentida por algunos periodistas— de que formó parte del cuerpo asesor del EZLN en 1996.

Giovanni Azael Figueroa Mejía, doctor en Derecho Constitucional, cuenta con una sólida trayectoria académica y judicial en Nayarit. Su nombre sonó con fuerza en los rumores previos a la elección, según publicaciones periodísticas.

Irving Espinosa Betanzo, actual magistrado anticorrupción en la CDMX, ha propuesto medidas contra el nepotismo en el Poder Judicial. Su experiencia incluye paso por varias dependencias de gobierno y el PRD.

Arístides Rodrigo Guerrero García, doctor en Derecho por la UNAM, se hizo conocido durante la campaña por un peculiar video en redes sociales donde afirmaba estar “mejor preparado que un chicharrón”. Tiene experiencia en tribunales electorales y transparencia.

Un tribunal bajo la lupa

La integración de la SCJN 2025-2034 refleja una clara influencia del ejecutivo federal saliente y del actual, planteando interrogantes sobre la independencia judicial y la capacidad del nuevo tribunal para actuar como un contrapeso real en los próximos años. Los perfiles, aunque variados en experiencia, coinciden en su proximidad al proyecto político en el poder.