FBI y Pentágono ordenan a empleados ignorar instrucciones de Musk sobre desempeño

Una polémica directiva de Elon Musk, jefe de reducción de costos del gobierno federal, ha generado un clima de confusión y resistencia entre las agencias clave de Estados Unidos, incluyendo el FBI, el Departamento de Estado y el Pentágono. Musk, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump para liderar el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), exigió a miles de empleados federales que detallaran cinco logros específicos de la semana pasada, bajo la amenaza de perder sus empleos si no cumplían con el plazo de 48 horas.

La orden, enviada por correo electrónico el sábado y respaldada por un mensaje de Musk en la red social X, estableció como fecha límite las 23:59 horas del lunes. Sin embargo, varias agencias federales han instruido a sus empleados a ignorar la solicitud, lo que ha intensificado una sensación de caos y ha puesto en evidencia una posible lucha de poder dentro de la administración Trump.

El senador republicano John Curtis, de Utah, expresó su preocupación por el impacto de la medida en los empleados federales, muchos de los cuales enfrentan incertidumbre sobre su futuro laboral. “Son personas reales. Son vidas reales. Se trata de hipotecas… Es una narrativa falsa decir que tenemos que recortar y que hay que ser cruel para hacerlo también”, afirmó Curtis.

Por su parte, el legislador republicano Mike Lawler, de Nueva York, cuestionó la base legal de la administración para despedir a decenas de miles de trabajadores por no cumplir con la exigencia de Musk. Mientras tanto, sindicatos y líderes de agencias, incluidos algunos designados por Trump, han alentado a los empleados a no cooperar.

Kash Patel, recién confirmado director del FBI y aliado de Trump, instruyó a los empleados de la oficina a detener cualquier respuesta a la solicitud de Musk. “El FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión”, escribió Patel en un correo electrónico confirmado por The Associated Press (AP).

En el Departamento de Estado, el subsecretario interino de administración, Tibor Nagy, aseguró a los empleados que el liderazgo respondería en su nombre. “Ningún empleado está obligado a informar sobre sus actividades fuera de la cadena de mando de su departamento”, señaló Nagy en un correo electrónico obtenido por la AP.

El Pentágono también ordenó a sus empleados “pausar” cualquier respuesta al equipo de Musk. Jules Hurst, subsecretario de personal y preparación, afirmó que el Departamento de Defensa llevará a cabo revisiones de acuerdo con sus propios procedimientos.

Mientras tanto, Trump parece indiferente a las tensiones entre las agencias y Musk. El presidente publicó un meme en su red social burlándose de los empleados federales, lo que ha exacerbado la sensación de descontento entre los trabajadores afectados.

Miles de empleados federales ya han sido despedidos o han aceptado ofertas de “renuncia diferida” durante el primer mes del segundo mandato de Trump. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que cientos de miles de trabajadores han sido afectados, incluyendo personal de los departamentos de Asuntos de Veteranos, Defensa, Salud y Servicios Humanos, así como del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Parques Nacionales.

Musk justificó su exigencia como una “prueba de pulso muy básica” para identificar posibles fraudes, alegando que algunos empleados podrían estar cobrando salarios sin realizar trabajo alguno. Sin embargo, no ha presentado pruebas concretas para respaldar estas acusaciones.

Los demócratas han criticado duramente las acciones de Musk y Trump, acusándolos de sembrar el caos para distraer de los problemas económicos del país. El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, calificó las medidas de Musk como ilegales y pidió que se detenga “esta operación ilegal”.

En medio de la incertidumbre, miles de empleados federales se preparan para abandonar sus puestos la próxima semana, mientras el gobierno continúa implementando recortes masivos que afectan a agencias clave y programas de ayuda internacional, como los de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).