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Guardia Nacional destituye a 17 elementos por certificados de estudios no válidos

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La Guardia Nacional destituyó a 17 de sus elementos por presentar certificados de estudios que presuntamente fueron emitidos por autoridades educativas, pero que no eran válidos. Los documentos formaban parte de los requisitos para obtener una licencia de portación de armas de fuego y, en uno de los casos, para mantener la permanencia laboral.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este 16 de noviembre que las destituciones se realizaron luego de detectar que los integrantes de la corporación entregaron copias de certificados de estudios no válidos durante 2024 y 2025. “Las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta”, declaró la institución en un comunicado.

Los 17 elementos pertenecían a las Oficinas Centrales de la Guardia Nacional, en la Ciudad de México. De acuerdo con la dependencia, los documentos fueron presentados para cumplir con los requisitos necesarios para obtener una licencia de portación de armas de fuego. En uno de los casos, el certificado también fue utilizado como requisito para acreditar la permanencia laboral dentro de la institución.

Las destituciones forman parte de las sanciones impuestas por faltas administrativas no graves a personas servidoras públicas de distintas dependencias federales, como resultado de las investigaciones realizadas por sus órganos internos de control. “Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar; si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”, añadió la institución.

En total, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó sanciones contra 82 personas servidoras públicas, un particular y una empresa, que incluyen destituciones, suspensiones, amonestaciones e inhabilitaciones de hasta 10 años. La dependencia señaló que las sanciones se determinaron conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas, y precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones.

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