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INE absuelve a Morena de multa millonaria por pagos irregulares

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no imponer una multa de 55.2 millones de pesos a Morena por irregularidades en el manejo de 395 millones de pesos autorizados en 2019 por entonces la dirigente Yeidckol Polevnsky para obras de remodelación que nunca se realizaron.
La resolución, aprobada por una ajustada votación de 6-5 durante la sesión del pasado 21 de agosto, consideró que el partido demostró haber hecho “todo lo posible” para recuperar los recursos desviados. Esta determinación cierra un capítulo de más de cinco años de investigaciones sobre el escándalo que involucró transferencias a las empresas Inmobiliaria Moscati de Querétaro y Estrada Miranda Proyecto y Construcción.
El caso estalló en 2019 cuando el PRD presentó una denuncia ante el INE tras detectar que Morena había omitido reportar estos pagos en sus informes de gastos. La investigación confirmó que las transferencias se realizaron sin contratos ni documentación comprobatoria, violando abiertamente las normas de fiscalización.
Bajo la nueva dirigencia de Alfonso Ramírez Cuéllar en 2020, Morena emprendió acciones legales que permitieron recuperar 284.3 millones de pesos mediante acuerdos judiciales. Guillermo Santiago, representante legal del partido, argumentó durante la sesión que su organización “no incurrió en omisiones” y colaboró activamente para remediar el daño patrimonial.
Pese a estos esfuerzos, permanecen irrecuperables 110.6 millones de pesos del total original. La Comisión de Fiscalización del INE había recomendado la multa, pero el pleno del Consejo consideró que la recuperación parcial actuó como “atenuante suficiente” y que imponer la sanción sería “injusto”.
La decisión no absuelve completamente a Morena de las irregularidades, pero evita un golpe financiero al partido en un momento políticamente sensible. El caso deja al descubierto graves fallas en los controles internos durante la gestión de Polevnsky, quien enfrenta procesos penales separados por lavado de dinero y daño patrimonial.