Politica
INE impondrá multas millonarias a magistrados electos por uso de “acordeones” electorales
l Instituto Nacional Electoral (INE) prepara un paquete de sanciones económicas sin precedentes contra 400 funcionarios judiciales electos que aparecieron en los polémicos “acordeones” distribuidos durante el pasado proceso electoral. Las multas, que podrían alcanzar hasta 146,800 pesos por caso, buscan castigar lo que el organismo califica como prácticas irregulares de promoción personalizada.
El alcance de las sanciones
La Unidad de Fiscalización del INE identificó 63 versiones diferentes de estos materiales propagandísticos que beneficiaron a 685 aspirantes, de los cuales 400 lograron acceder a cargos en el Poder Judicial. La propuesta establece castigos escalonados:
- Ministros de la SCJN y magistrados del TEPJF: hasta 146,800 pesos (10% del tope de gastos de campaña)
- Magistrados de salas regionales: 88,130 pesos
- Magistrados de circuito: 41,311 pesos
- Jueces de distrito: 22,000 pesos
El debate sobre la legitimidad de los procesos
El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia en las elecciones judiciales. Mientras el INE insiste en que las sanciones buscan preservar la equidad en los procesos, algunos sectores del Poder Judicial cuestionan la proporcionalidad de los castigos, argumentando que muchos candidatos desconocían la inclusión de sus nombres en estos materiales.
“Estamos ante un precedente importante que redefine los límites de la promoción personal en elecciones judiciales”, explicó [nombre], consejero electoral del INE. “El mensaje es claro: no se puede obtener ventaja a través de medios no autorizados”.
Repercusiones institucionales
El fallo del INE podría tener consecuencias significativas:
- Crisis de legitimidad: para los 400 funcionarios sancionados que ya asumieron cargos
- Reforma electoral: presión para modificar el marco legal de las elecciones judiciales
- Relación INE-Poder Judicial: tensión entre ambos poderes del Estado
El pleno del INE analizará la propuesta en los próximos días, en lo que se perfila como una de las decisiones más controvertidas de este órgano electoral. Mientras tanto, los afectados preparan sus defensas, y no descartan acudir a instancias jurídicas para impugnar las sanciones.
