La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: bajo la lupa de la DEA mientras Estados Unidos busca un nuevo aliado en Caracas

Mientras el presidente Donald Trump presenta a la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, como la “socia preferida” de Estados Unidos para estabilizar el país tras la captura de Nicolás Maduro, documentos de inteligencia obtenidos por The Associated Press revelan que durante años ha sido un “objetivo prioritario” de la Administración para el Control de Drogas (DEA), designación reservada para sospechosos con “impacto significativo” en el narcotráfico.

La contradicción es palpable: la misma figura que el gobierno estadounidense ahora impulsa como interlocutora válida para liderar una transición en Venezuela, acumula un extenso archivo de investigaciones de la DEA que datan al menos de 2018. Según registros revisados por AP y el testimonio de más de media docena de funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, la agencia ha recopilado acusaciones contra Rodríguez que van desde narcotráfico hasta lavado de dinero y contrabando de oro.

Un archivo de inteligencia incómodo

Los registros, impulsados en parte por la élite de la División de Operaciones Especiales de la DEA, detallan múltiples líneas de investigación. Un informante confidencial señaló en 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en el resort caribeño de Isla Margarita “como fachada para lavar dinero”. Otras pesquisas la vinculan al empresario colombiano Alex Saab, principal intermediario de Maduro, indultado por Joe Biden en 2023 en un intercambio de prisioneros, y a supuestos acuerdos corruptos con el empresario Omar Nassif-Sruji, familiar de la pareja sentimental de Rodríguez.

“El actual gobierno de Venezuela es un régimen híbrido-criminal. La única manera de alcanzar una posición de poder en el régimen es, al menos, facilitando actividades criminales”, afirmó Steve Dudley, codirector de InSight Crime, un centro de estudios sobre crimen organizado. “Esto no es un error en el sistema. Este es el sistema”.

A pesar de este historial investigativo, Rodríguez nunca ha sido acusada formalmente por Estados Unidos. Tampoco figura entre la docena de altos funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico junto a Maduro. Expertos consultados por AP señalan que ser un “objetivo prioritario” –una categoría que abarca a cientos de individuos en cualquier momento– no garantiza una acusación penal, pero refleja un interés investigativo intenso y justificado.

La diplomacia de la contradicción

La posición de Rodríguez representa un enigma estratégico para Washington. Ascendida al poder como leal asistente de Maduro, fue sancionada por la Casa Blanca en 2018 por ser “clave” para consolidar el “gobierno autoritario” del chavismo. Sin embargo, tras la dramática captura de Maduro, Trump ha cambiado el tono, refiriéndose a ella como una “persona maravillosa” tras una “muy buena conversación”, y como la administradora necesaria para guiar a Venezuela hacia la estabilidad.

Este giro genera escepticismo entre la oposición venezolana. “El sistema de justicia estadounidense tiene suficiente información sobre ella. Su perfil es bastante claro”, declaró la líder opositora María Corina Machado tras reunirse con Trump en la Casa Blanca.

Analistas interpretan esta dualidad como una calculada presión. “Seguramente ella sabe esto, y le da al gobierno de Estados Unidos influencia sobre ella”, explicó David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane. “Puede temer que si no hace lo que el gobierno de Trump demanda, podría terminar con una acusación como Maduro”.

El propio Trump dejó clara la vara alta: advirtió que Rodríguez “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro” si no se alinea con los intereses estadounidenses, exigiendo “acceso total” a las reservas petroleras y recursos naturales del país.