Polémica en Brasil: Aprueban “bono por neutralización” para policías en Río de Janeiro

La Asamblea de Río de Janeiro aprobó una polémica iniciativa que establece un pago extraordinario para policías que logren “neutralizar” a delincuentes durante operativos, medida que ha sido denominada críticamente como el “bono del Lejano Oeste” por organizaciones de derechos humanos y legisladores opositores.

La gratificación, que puede representar entre el 10% y el 150% del salario mensual del agente, también aplica para quienes incauten armas de alto calibre o de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, el punto más controvertido es el uso del término “neutralizar”, entendido en el contexto policial como causar la muerte o incapacitación de sospechosos.

Revive una política de los 90

No se trata de una medida nueva: entre 1995 y 1998 ya estuvo vigente una iniciativa similar, que fue derogada tras documentarse un aumento significativo en muertes durante operativos policiales, especialmente en favelas.

“Esta medida incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública. La seguridad no se logra mediante la barbarie”, afirmó el diputado y pastor Henrique Vieira, uno de los opositores más vocalés durante el debate legislativo. “Más tiros, más ejecuciones, más sangre. Seguridad no es premiar la muerte, es defender la vida”, agregó.

Argumentos a favor y en contra

Defensores de la iniciativa, como el diputado Alexandre Knoploch —vinculado al partido de Jair Bolsonaro—, justifican la medida como una herramienta necesaria contra la criminalidad.
“No hay ningún país en el mundo que haya logrado reducir sus altos niveles de criminalidad sin adoptar posiciones como esta”, declaró Knoploch, refiriéndose a los delincuentes como “la escoria”.

Desde su aprobación, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas de violencia policial han realizado manifestaciones en rechazo a lo que consideran un estímulo a las ejecuciones extrajudiciales.

Contexto de seguridad en Río

Río de Janeiro enfrenta altos índices de violencia asociados al crimen organizado y a enfrentamientos en favelas. Esta medida se enmarca en una estrategia de seguridad que prioriza el uso de la fuerza, aunque organizaciones internacionales han alertado sobre los riesgos de políticas que puedan fomentar abusos.

No se ha especificado aún el mecanismo de supervisión para determinar en qué casos aplica el bono, ni los protocolos para garantizar que las “neutralizaciones” se ajusten a estándares de derechos humanos.