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Internacional

Protestas y violencia en Perú exigen la renuncia del presidente José Jerí, sucesor de Dina Boluarte

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Menos de una semana después de la salida de Dina Boluarte de la presidencia de Perú, las protestas han estallado en las calles para exigir la renuncia de su sucesor, José Jerí, quien asumió el cargo en medio de un clima de creciente descontento social y violencia política.

La tensión se agravó tras la muerte de Eduardo Ruiz, un manifestante que falleció por un disparo de arma de fuego durante las movilizaciones en Prudencia. La Fiscalía peruana reconoció que los hechos ocurrieron en un contexto “de graves violaciones a los derechos humanos”, mientras que el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó la detención de un suboficial presuntamente responsable del homicidio.

Crisis de legitimidad política

El rechazo ciudadano hacia Jerí se centra en su vinculación con los mismos grupos políticos que sostuvieron a Boluarte en el poder hasta su destitución el pasado 9 de octubre. Aunque el nuevo mandatario ha intentado distanciarse de estos sectores, la ciudadanía percibe su ascenso como una continuación del mismo establishment político.

“La gente no está dispuesta a esperar para ver cómo le va a su sucesor. Con saber que es parte del círculo político de Boluarte, es más que suficiente para exigir su renuncia”, señalaron analistas locales consultados sobre la crisis.

Respuesta legislativa y perspectivas

En el ámbito parlamentario, se han presentado dos mociones de censura contra la mesa directiva del Congreso, ambas rechazadas hasta el momento. La aprobación de una de estas mociones representaría la salida de Jerí del cargo, ya que accedió a la presidencia en su calidad de presidente del Legislativo.

Las protestas, que habían mantenido un carácter pacífico inicialmente, se han intensificado tras la muerte del manifestante, generando preocupación internacional sobre la estabilidad democrática en Perú. La situación refleja la profunda polarización que vive el país andino, donde los sucesivos cambios de gobierno no han logrado calmar el malestar social ni establecer consensos políticos duraderos.

La detención del agente policial involucrado en la muerte del manifestante busca contener la crisis, pero las demandas de renuncia presidencial continúan creciendo, planteando un difícil escenario para la transición política peruana.

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