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SAT cancela permisos a más de 100 ONG para recibir donativos; organizaciones críticas al gobierno entre las afectadas
En medio de la vorágine informativa que ha marcado los primeros tres meses de 2026, una decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a generar preocupación en el sector social: la cancelación de la autorización para recibir donativos a más de un centenar de organizaciones no gubernamentales.
De acuerdo con información difundida por el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se trata de la revocación de los permisos de más de 100 organizaciones civiles, así como la baja definitiva de otras 13. La dependencia argumentó que estas agrupaciones no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones fiscales para recibir donativos deducibles.
El marco legal establece que si una organización no recupera esta autorización en un plazo de un año, estará obligada a transferir sus recursos a otra donataria que sí cuente con el permiso vigente.
Organizaciones críticas en la mira
Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es la composición de la lista de organizaciones afectadas. Entre ellas figuran agrupaciones reconocidas por su labor de análisis y evaluación de políticas públicas en áreas estratégicas como educación, economía y competitividad, y que históricamente han presentado informes críticos sobre distintos gobiernos, incluido el actual.
Entre los casos más visibles se encuentran Mexicanos Primero, dedicada al análisis del sector educativo; México Evalúa, enfocada en temas de transparencia y rendición de cuentas; y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), especializado en estudios económicos y de desarrollo.
Estas organizaciones se caracterizan por su independencia institucional, su naturaleza sin fines de lucro y su financiamiento mayoritariamente basado en donaciones de la sociedad civil y de fundaciones nacionales e internacionales.
Impacto en el ecosistema social
La revocación de estos permisos tiene implicaciones directas en la sostenibilidad financiera de las organizaciones afectadas, que dependen en gran medida de los donativos deducibles para operar. Sin esta figura fiscal, los donantes pierden el incentivo tributario para contribuir, lo que puede traducirse en una reducción significativa de los recursos disponibles.
El trabajo de estas agrupaciones abarca rubros fundamentales como derechos humanos, educación, medio ambiente, salud y economía, y su labor complementa —y en ocasiones fiscaliza— la acción del Estado.
Contexto regional: leyes restrictivas en América Latina
La decisión del SAT se da en un contexto regional donde varios países han endurecido sus marcos normativos hacia las organizaciones civiles. En febrero pasado, Amnistía Internacional publicó el informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, en el que documenta cómo naciones como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela aprobaron entre 2024 y 2025 cambios legislativos que imponen controles desproporcionados a las ONG.
El informe advierte que estas medidas afectan la capacidad de las organizaciones para defender la agenda de derechos humanos, acompañar a comunidades vulnerables y generar información independiente, lo que a su vez erosiona el tejido social y limita los espacios de participación ciudadana.
