Politica
Sheinbaum impulsa reforma fiscal que otorga al SAT acceso a datos de usuarios de plataformas digitales
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una reforma al Código Fiscal que, bajo el argumento de combatir evasión fiscal y delitos como facturas falsas, incluye un polémico artículo que permitiría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder de manera permanente, en tiempo real e ilimitada a los datos personales de usuarios de plataformas digitales.
La iniciativa, recibida por la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, busca armonizar el marco fiscal con las medidas para sancionar delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, pero el artículo 30-B ha generado alerta entre defensores de derechos digitales por su potencial para vulnerar el derecho a la privacidad.
Amplios poderes de vigilancia
El artículo 30-B autorizaría al SAT solicitar a plataformas de streaming, servicios de hospedaje, entrega de alimentos, transporte y clubes -entre otros- el acceso completo a la información de sus usuarios, sin definir límites claros sobre qué datos específicamente se recabarían ni bajo qué protocolos de protección.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió que esta disposición “desaparece, en la práctica, la protección jurídica del derecho a la privacidad y las obligaciones en materia de protección de datos personales”, al establecer términos “ambiguos y vagos” para el acceso gubernamental a información personal.
Capacidad de bloqueo sin orden judicial
La reforma también otorgaría facultades a la Agencia de Transformación Digital y al SAT para bloquear temporalmente el acceso a servicios digitales, reviviendo una polémica propuesta que había sido eliminada de la Ley de Telecomunicaciones en 2025 tras fuertes críticas por su potencial uso censorial.
Organizaciones civiles señalan que esta capacidad de bloqueo, sin requerir orden judicial, equivaldría en la práctica a una forma de censura comparable al cierre de un medio de comunicación, justificada solamente en casos extremos como contenidos de abuso infantil o incitación al genocidio.
Contexto más amplio de la reforma
El paquete de reformas fiscales busca fortalecer la recaudación y combatir delitos fiscales como las empresas “factureras” que emiten comprobantes por operaciones inexistentes para evadir impuestos o lavar dinero. Incluye medidas como negar el RFC a empresas cuando se detecten prácticas ilegales.
Sin embargo, la ambigüedad del artículo 30-B ha generado preocupación sobre posibles usos extensivos de estas facultades de vigilancia. La iniciativa espera su análisis en la Cámara de Diputados, donde organizaciones civiles esperan que sea trabajada para eliminar los riesgos a derechos fundamentales.
