Internacional
Tribunal de Estados Unidos bloquea intento de Trump de deportar masivamente a venezolanos bajo ley de 1798
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó este miércoles el intento del presidente Donald Trump de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para acelerar las deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, marcando un revés significativo para la estrategia migratoria de la administración.
En una decisión dividida de 2-1, el panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans determinó que esta ley bicentenaria —promulgada durante la presidencia de John Adams— no puede aplicarse para justificar la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, como había intentado hacer Trump mediante una proclamación ejecutiva emitida en marzo.
La controvertida proclamación describía al Tren de Aragua como una “organización criminal extranjera” que representaba una “invasión depredadora” a Estados Unidos, argumento que el tribunal desestimó al señalar que “que un país aliente la migración ilegal no equivale a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o causar daños a Estados Unidos”.
La ley de 1798 autoriza al presidente expulsar a “nativos, ciudadanos o súbditos de una nación hostil” solamente cuando existe un estado de guerra declarado o cuando una potencia extranjera participa en una “invasión o incursión depredadora”. El fallo subraya que “no se ha demostrado que esta inmigración masiva constituya una fuerza armada u organizada”.
La American Civil Liberties Union (ACLU), que interpuso la demanda contra la medida, celebró la decisión. En un comunicado, la organización defensora de derechos civiles afirmó que “el fallo deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan”.
La disputa legal se encamina ahora hacia una probable apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendría la última palabra sobre la interpretación de esta antigua ley. Hasta que el máximo tribunal se pronuncie, la decisión del Quinto Circuito será vinculante para los tribunales de Luisiana, Misisipi y Texas, estados donde ya se habían iniciado deportaciones bajo este marco legal.
