Politica
Tribunal Electoral revoca anulación de elecciones judiciales y limita facultades del INE
En una controvertida decisión con 3 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó este [fecha] la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que había cancelado 45 triunfos en la reciente elección judicial. El fallo establece que el órgano electoral sobrepasó sus atribuciones al reevaluar candidaturas ya aprobadas, generando un intenso debate sobre los estándares para integrar el Poder Judicial.
El conflicto surgió cuando el INE detectó que los candidatos ganadores no cumplían con el promedio académico mínimo de 9.0 establecido en la convocatoria. Sin embargo, el Tribunal determinó que la evaluación de estos requisitos correspondía exclusivamente a los comités internos de los tres Poderes, no al instituto electoral. Esta interpretación jurídica obliga ahora al INE a entregar las constancias de mayoría a todos los candidatos electos, independientemente de su desempeño académico.
La resolución reaviva las críticas al proceso de selección judicial, ya marcado por señalamientos de irregularidades. Durante las elecciones, varios candidatos fueron acusados de tener vínculos con el narcotráfico, mientras otros lograron sus posiciones mediante métodos cuestionables. El senador Gerardo Fernández Noroña había sugerido en su momento que el INE podría invalidar candidaturas posteriormente, pero el reciente fallo judicial cierra esa posibilidad.
La decisión del TEPJF ha dividido a expertos y autoridades. Los magistrados que avalaron el veredicto argumentan que protege la seguridad jurídica, mientras los disidentes advierten que erosiona los estándares de excelencia para el Poder Judicial. Organizaciones civiles ya preparan recursos legales para impugnar la legitimidad de los jueces electos, en lo que podría convertirse en un prolongado conflicto legal.
Este caso expone las profundas grietas en el sistema de designación judicial mexicano y plantea serias dudas sobre la efectividad de los controles de calidad para acceder a cargos clave en el Poder Judicial.
