Usar fuero para repartir libros es ilegal, dice Santiago de la Peña

En un encuentro con los medios de comunicación, el Secretario General de Gobierno del Estado se dirigió a los diputados federales de los partidos Morena y el Partido del Trabajo, quienes recientemente expresaron su intención de presentarse personalmente en los almacenes de la Secretaría de Educación Pública de los “estados conservadores” para asegurar la distribución de ejemplares, desafiando así la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su mensaje, el Secretario General instó a los legisladores a no abusar del fuero constitucional que les confiere su cargo como servidores públicos. Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias legales de irrumpir en instalaciones privadas de Educación, señalando que tales acciones podrían constituir faltas administrativas y que se tomarían medidas al respecto.

“La intrusión en instalaciones ajenas, que no están bajo su responsabilidad, ya representa una falta en sí misma”, declaró el funcionario. “No estoy seguro de si están contemplando utilizar su fuero constitucional para este propósito, pero sería una situación lamentable”.

El Secretario General subrayó la importancia de la fortaleza de las instituciones y recordó la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prohíbe la distribución de los libros que están bajo la custodia del sistema educativo, haciendo hincapié en que es esencial respetar esta decisión.

“Lo que este país necesita en este momento es paz, tranquilidad y el respeto por la ley”, enfatizó, instando a los diputados a considerar estas premisas en sus acciones y declaraciones.

Además, el funcionario hizo un llamado a evitar la politización del tema y a no caer en disputas de poder. Insistió en que lo que está en juego es la educación de los niños y que, por lo tanto, es fundamental abordar este asunto de manera responsable y colaborativa.

En última instancia, el mensaje del Secretario General de Gobierno del Estado busca reforzar la importancia de la estabilidad institucional, el respeto por las decisiones judiciales y la priorización de la educación de los jóvenes en un momento en que el país enfrenta desafíos significativos.