Desde elecciones locales en 2010 hasta las elecciones presidenciales del año 2012, se desplegó el esfuerzo de un grupo político por “trasladar las metodologías políticas” del Estado de México a todo el país. Fallaron, pero en el esfuerzo lastimaron a personas e instituciones”, escribió hace algunos años Santiago Nieto, el ahora director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su libro Ni filias ni fobias (Grijalbo 2019).

Desde febrero de 2017 se comenzó una investigación a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales (SEIDF), luego de que el director de la empresa brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, declarara en un juicio que había entregado 10 millones de dólares al ex titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, a cambio de contratos que beneficiaran a la constructora de Brasil.

Seis meses después de comenzar la investigación, la Subprocuraduría descubrió que en juicios en Estados Unidos y Brasil se había declarado que en el caso de México, esos recursos de procedencia ilícita fueron utilizados para campañas electorales, pues millones de pesos fluyeron por Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Estado de México, según expuso nieto en su libro.

Como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de febrero 2015 a octubre de 2017, decidió tomar el caso Odebrecht. Se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información financiera de Lozoya y sus empresas. Requirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Secretaría del Trabajo (STyPS) y al Instituto Nacional Electoral (INE). A Pemex se le solicitó vía transparencia el número de contratos que tenía con Odebrecht: “la investigación de la SEIDF hablaba de cuatro, pero nosotros localizamos 42. ¿Dónde estaba el registro de los otros 38 contratos?”, cuestionó Nieto en sus memorias.

“Las transferencias detectadas correspondían a 2010 y 2011 en cuanto a elecciones locales y a 2012 cuando se llevó a cabo la elección federal que puso en Los Pinos al priista Enrique Peña Nieto”, escribió Nieto.

En 2010 los Gobernadores priistas que ganaron las elecciones fueron Javier Duarte Ochoa en Veracruz, quien se reunió en 2011 con Marcelo Odebrecht entorno al proyecto Etileno XXI, César Duarte Jáquez en Chihuahua y Roberto Borge Angulo en Quintana Roo. Los tres han sido extraditados por desvío de recursos públicos. En 2011, el priista Eruviel Ávila Villegas se convirtió en el Gobernador del Estado de México.

Sin embargo, esos presuntos delitos electorales en aquellos comicios de hace casi una década ya prescribieron. Aunque, por el delito de cohecho (soborno), aún hoy, es posible imputarle responsabilidad a Peña Nieto, observó el actual titular de la UIF.

En las elecciones de 2015 el PRI arrasó en la Cámara de Diputados, y los priistas que llegaron a Gobiernos fueron Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche (actual presidente del PRI), Claudia Pavlovich Arellano en Sonora, José Ignacio Peralta Sánchez en Colima, Héctor Astudillo Flores en Guerrero, y Juan Manuel Carreras en San Luis Potosí. Y en las elecciones locales de 2016, salió victorioso Omar Fayad Meneses en Hidalgo, Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca, Quirino Ordaz Coppel en Sinaloa, Marco Mena Rodríguez en Tlaxcala y Alejandro Tello en Zacatecas.

El conglomerado de Odebrecht solía sobornar con millones a gobiernos de países como Perú y México a cambio de contratos en proyectos petroleros. En el caso específico de Emilio Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016, la empresa brasileña le pagaba de manera triangulada por medio de varios esquemas. Uno de ellos consistía en depositar desde una cuenta en Suiza a una empresa en las Islas Vírgenes, relacionada con otras firmas en México y supuestamente en las Islas Caimán.

Entre abril y noviembre de 2012, el hoy procesado desde un hospital recibió 4 millones de dólares de parte de Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México, mencionado en la audiencia de esta semana. Le pidió que los depósitos se hicieran en Latin American Asia Capital Holding, empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes, desde donde se realizaban depósitos a otra cuenta a nombre de Innovation-Research.

Según la declaración de Norberto Odebrecht, Lozoya Austin además de recibir el soborno de 10 millones de dólares, supuestamente para financiar las elecciones presidenciales, obtuvo 6 millones de dólares más que se le entregaron durante el proceso electoral 2014-2015, las entonces mayores elecciones de la historia, en palabras del Consejero electoral Lorenzo Córdova.

Con información de Sin Embargo