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Nacional

Hasta 4 millones de menores de 18 años están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos en México

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) alertaron que 4 millones de personas menores de 18 años están en condiciones de vulnerabilidad y ser presas de bandas delincuenciales del país.

En el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos”, dado a conocer este martes, las organizaciones civiles destacan que, de la población infantil en riesgo, 794 mil “está particularmente amenazada por no asistir a la escuela y trabaja simultáneamente”, en tanto que entre 145 mil y 250 mil estarían en riesgo real de ser integrados en las filas de alguna agrupación delictiva.

“La deuda del Estado mexicano hacia los miles de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados y utilizados por grupos delictivos crece día con día sin que exista un genuino interés por llevar a hechos las promesas”, resalta el informe.

Y reconoce que por deficiencias institucionales no es posible tener datos oficiales sobre el número exacto de menores integrados a las bandas criminales, pero es posible dar una aproximación a partir de los contextos de riesgo en los que se desenvuelven personas de entre cinco y 17 años.

“Las niñas, niños y adolescentes son víctimas de una multiplicidad de violencias que operan en detrimento de sus derechos”, alertan las organizaciones al explicar que los casos expuestos en su informe “son igualmente consecuencia de opresiones provocadas por el actuar de grupos armados y las omisiones del Estado”.

De la revisión de documentos elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advierten que mientras 41.9% de la población en México está en situación de pobreza, entre menores de edad el porcentaje es de 49.6%; además, 2 millones de personas de entre cinco y 17 años no asisten a la escuela y 3.3 millones están en condición de trabajo infantil, entre otros datos relevantes.

En el documento se analizan datos estadísticos –como la inasistencia a la escuela, la ocupación laboral, y con estado civil distinto a soltero– para identificar a la población infantil vulnerable, que alcanza los 3 millones 977 mil 414 personas; los que no asisten a la escuela y están ocupados –794 mil personas– son aquellos en condición de amenaza de integración a la delincuencia, mientras que, tomando en cuenta esta población, se identifica en riesgo real a entre 145 mil y 250 mil menores, considerando las dos variables de ocupación o en situación conyugal.

Las organizaciones resaltan que la cifra de las personas en riesgo real podría ser mayor por el impacto de la pandemia de covid-19 en el empobrecimiento de la población.

El informe, que incluye experiencias de reclutamiento de menores en otros países de América Latina, advierte que en buena parte se ha optado por la militarización “para la regulación de la vida civil”, evidenciando que “optar por respuestas bélicas a los temas de seguridad con profundas raíces sociales, como el reclutamiento infantil y rechazar la vía de la paz, es elegir la muerte y la degradación de la infancia”.

Del análisis del fenómeno, las organizaciones reconocen que “la marginalidad opera a favor de la incorporación de niños y niñas a grupos delictivos, ya sea por necesidad de supervivencia o como medio para alcanzar un nivel de vida decente”.

Sin embargo, ese condicionante “implica la victimización de un sector en situación de vulnerabilidad que ha sido abandonado por las instituciones estatales y que encuentra en la ilegalidad una opción atractiva para alcanzar aquello que es casi imposible obtener por medios lícitos”.

Puntualizan que el involucramiento “forma parte de las fallas del Estado, que actúan favorablemente a los intereses de grupos delictivos”, como lo es la “inexistencia de mecanismos que permitan la detección preventiva de casos” de participación de menores en las filas de esos grupos, o bien la falta de seguimiento a los detectados.

A ello se suma que para los grupos delictivos el reclutamiento de menores es funcional porque “cumplen condenas en procesos de internamiento breves y cuyo seguimiento y garantía de una adecuada reinserción social es inexistente”.

En el documento, Redim y ONC destacan que la utilización de menores en el mundo de la criminalidad “es un problema de justicia social”, recurrente en países latinoamericanos ante “las omisiones de los Estados para garantizar los derechos sociales y económicos”.

De igual manera, reconocen que, si bien últimamente han surgido iniciativas del Estado para atender esa situación, “no existen políticas sociales que garanticen los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes”.

Para las organizaciones “no hay una bala de plata que solucione este problema de tajo”, lo que no implica dejar de buscar superarlo.

“Atender este fenómeno supone, en primer lugar, admitir la complejidad del mismo al momento de legislar, y comprender los matices sutiles de las prácticas de los grupos delictivos para definir políticas criminales que le resten el atractivo”.

Al destacar que mantener el status quo “será sumamente costoso, ya que perpetúa décadas de injusticia y abandono”, recomiendan dar impulso a “iniciativas de justicia social y de política criminal innovadoras” y que no se repliquen modelos fracasados seguidos en otros países, sino que es fundamental realizar trabajo de campo.

Es fundamental “entender el rol que juegan los incentivos económicos, el contexto familiar y social, la demografía, las geografías, los modelos de negocios de los grupos delictivos y su relación con los actores estatales”, rematan.

Con información de Proceso

Nacional

Migrantes irregulares interceptados por México se triplican en el primer trimestre de 2024

La migración irregular interceptada por México se ha triplicado en el primer trimestre del año hasta casi 360 mil personas en medio de crecientes operativos, aunque el Gobierno afirma que el flujo migratorio ha disminuido.

Las autoridades mexicanas detectaron a 359 mil 697 “personas en situación migratoria irregular” entre enero y marzo de 2024, un incremento de 199.68 por ciento frente a las 120 mil 29 del mismo periodo de 2023, según revelan las estadísticas disponibles de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

En tan solo tres meses, el Gobierno de México ha interceptado casi la mitad, el 46 por ciento, del récord de 782 mil 176 migrantes irregulares que detectó en todo 2023, cuando este flujo subió un 77 por ciento anual.

El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 89 mil 718 registrados, casi uno de cada cuatro del total, el 24.94 por ciento.

Le siguen Honduras (37 mil 323), Ecuador (36 mil 956), Guatemala (36 mil 934), Colombia (21 mil 534), Nicaragua (18 mil 711), El Salvador (17 mil 720), Haití (16 mil 791) y Cuba (10 mil 464).

Más operativos y menos migración, según el Gobierno

Las cifras se difunden tras un comunicado conjunto emitido el lunes pasado por los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes acordaron “trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares”.

Como logro, López Obrador afirmó el jueves que las capturas de indocumentados han caído en más del 50 por ciento en la frontera con Estados Unidos, que reportaba unas 12 mil diarios en diciembre y en abril bajó a un promedio de 5 mil 812.

La tensión por la migración ha aumentado este año porque coinciden las elecciones presidenciales de México y de Estados Unidos, pero el mandatario mexicano negó que endurezca los controles por presiones de Estados Unidos.

“No, es que yo no me dejo presionar por nadie, México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad, no es un pelele de ningún Gobierno extranjero“, aseveró en su conferencia matutina.

La frontera sur resiente el fenómeno

Tapachula, la mayor ciudad en la frontera sur de México, aún resiente el fenómeno, aunque algunos activistas señalan que la cantidad de migrantes en las calles ha disminuido.

Gerver Bermúdez, administrador del albergue Jesús el Buen Pastor en Tapachula, consideró que ha bajado la presencia de extranjeros, pero no han dejado de llegar a la ciudad, donde están cuatro o cinco días y siguen su ruta porque las autoridades no les están dando permisos de tránsito.

“El albergue siempre se mantiene lleno y el objetivo es apoyar a todo aquel que venga siendo migrante. Hemos manejado entre 800 y 900 personas de diferentes nacionalidades como hondureños, venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos”, expuso a EFE.

En cambio, Cecilia Izaguirre, defensora de los derechos humanos en Tapachula, destacó que ya no es muy visible la presencia de tantos extranjeros.

“La gente ya no se queda en Tapachula, porque venían a estar aquí para hacer su procedimiento de Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), pero ahora están pasando de largo, ha disminuido un poco, pero no ha parado o no ha disminuido en una gran cantidad”, apuntó la activista.

El cubano Felipe Martínez, quien trabaja de manera informal estacionando vehículos, expuso que ahora los migrantes “se van caminando” desde la frontera sur ante la acción de las autoridades mexicanas.

“Se van en caravana porque demoran los papeles un poco, caen en estado de ansiedad porque quieren estar establecidos en un solo lugar con sus familiares, se desesperan, emigran y siguen buscando nuevos horizontes”, indicó el migrante, quien está esperando que la Comar resuelva su solicitud de asilo.

En cambio, Jorge Cruz, hondureño que está en el albergue Jesús el Buen Pastor, consideró que la migración se mantiene normal porque “siempre llegan bastantes todos los días”.

“Siempre hay, yo miro que hay más gente que sube y sube, no ha bajado, entra bastante gente, también entra bastante gente en el albergue, hay niños y mujeres, quienes son apoyados vienen y se van”, comentó.

Con información de EFE

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Nacional

Encuentran 3 cuerpos en la búsqueda de los surfistas desaparecidos en Ensenada

De acuerdo con información de fuentes de Reuters, las autoridades mexicanas han encontrado tres cuerpos durante la búsqueda de tres surfistas extranjeros desaparecidos en Ensenada, Baja California.

según este medio de comunicación de Estados Unidos, las autoridades locales hallaron tres cadáveres mientras intentan ubicar a dos australianos y un estadounidense que fueron reportados como desaparecidos desde hace unos días.

Y aunque los restos humanos se encontraron en el mismo lugar que se les vio por última vez a los ciudadanos extranjeros, las autoridades locales todavía no confirman si se trata de ellos o si fueron identificados como otras personas.

Por el momento, lo único que se sabe es que los hermanos australianos Callum, de 33, y Jake Robinson, de 30 años, así como el estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30, fueron vistos por última vez el 27 de abril, según la mismísima Fiscalía de Baja California.

Además de que los tres estaban de vacaciones surfeando en Ensenada, Baja California. Pero hasta ahora, las autoridades locales no han dicho más, sólo que tres personas están siendo investigadas por la desaparición de los turistas extranjeros, aunque indicó que aún no sabían si estaban del todo involucradas.

Igual que en el lugar en el que se les vio por última vez, hallaron tiendas de campaña y una camioneta blanca quemada. 

Cabe señalar, por último, que las autoridades de Baja California aseguraron que en la búsqueda e investigación por estos surfistas desaparecidos, trabajan junto al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Con información de Sopitas

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Cifra de candidatos que piden protección del Gobierno se duplica

A menos de un mes de que sean las elecciones, 412 candidatos mexicanos a un cargo público han solicitado protección y seguridad para sus campañas, de los que 129 son aspirantes locales, informó este viernes la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, había expuesto el 23 de abril que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno mexicano era de 360, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.

Una semana antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 250 candidatos con protección federal, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

“Desde la última vez que platicamos (con la prensa), la cantidad se ha duplicado a 412, y 129 son de carácter local”, dijo Taddei a medios al dar el banderazo para el traslado de 317 millones de boletas y otros materiales electorales a todo el territorio mexicano que se utilizarán en los comicios del 2 de junio.

¿Cuántos agentes cuidan a las y los candidatos de las elecciones 2024?

Recordó que el protocolo de atención a los candidatos solicitantes de protección se modificó hace un mes “y ya no tiene que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo (riesgo) sino que inmediatamente se les otorga la seguridad” en cuanto lo solicitan.

Taddei no precisó la cantidad de agentes que cuidan a los candidatos, ya que, dijo, son decisiones de las fuerzas de seguridad.

La preocupación por la violencia contra los aspirantes tuvo un punto alto el 21 de abril, cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motozintla en Chiapas, estado de la frontera sur de México donde hay disputas de los cárteles.

La SSPC mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio.

Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.

Con información de EFE

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