Los apagones en México de la semana pasada afectaron a más de 2.66 millones de usuarios, cerca del 5 por ciento del total de alrededor de 49 millones, aseveró este jueves Mauricio Cuéllar, director de Planeación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Es decir, que del 95 por ciento al 97 % del tiempo tuvimos disponibilidad total del Sistema Eléctrico Nacional. Ahora bien, si lo ponemos en el contexto anual, llevamos al día de hoy 135 días calendario, de los cuales, en total, se han interrumpido como máximo seis horas el servicio eléctrico”, argumentó el funcionario.

Cuéllar indicó en la conferencia matutina del Gobierno que se interrumpió de manera rotativa e intermitente el suministro de luz ante las emergencias que declaró el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por un desbalance entre la descarga y la demanda generado por el calor.

“En resumen, en las afectaciones que se tuvieron entre los días 7 y 9 de mayo, los periodos en promedio para cada uno de los usuarios fueron de 30 minutos”, aseveró.

Estos apagones ocurrieron durante la segunda onda de calor del año en México, que ha registrado este mes una temperatura de 1.4 grados por encima del promedio de años anteriores, expuso Juan Antonio Fernández, director de Planeación Estratégica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por ello, la demanda aumentó hasta un 13 por ciento ante el mismo periodo de 2023, lo que equivale a 2.5 veces el consumo de la península de Yucatán, detalló.

En tanto, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que “se resolvieron ya totalmente” los problemas, que estuvieron limitados, según él, a unas horas durante el 7, 8 y 9 de mayo.

“Se dieron determinados problemas tres días, que se resolvieron ya totalmente. Esos tres días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día, y en la noche, en lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo”, alegó.

Bartlett agregó que, “por lo tanto, hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora nada más” y que “nunca ha estado en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional, nunca”, enfatizó.

“El sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos tres días y se recuperó inmediatamente y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años”, señaló.

Los apagones revivieron críticas del sector privado y de la oposición contra la política energética del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de privilegiar a la CFE en detrimento de las plantas privadas, en particular de renovables.

En el mandato de López Obrador (2018-2024), la CFE ha pasado de generar el 38 por ciento de la electricidad nacional a un 49 %, con una meta de superar el 60 por ciento al final del sexenio, en octubre.

“Hemos logrado fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa pública que querían destruir, desaparecer con la privatizaciones durante el periodo neoliberal, ya no lo lograron afortunadamente”, expresó el presidente.

Con información de EFE

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Petróleos Mexicanos (Pemex) informar sobre la contaminación de agua potable en colonias de la alcaldía Benito Juárez, por alguna sustancia eventualmente derivada del petróleo, y sus posibles efectos a la salud.

Específicamente, deberá precisar la sustancia o contaminante que contiene el agua, las acciones para tratarla y los daños que puede causar al cuerpo humano y a la salud de las mascotas.

Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez fue una problemática denunciada por la sociedad civil, lo cual pone de manifiesto la importancia de conocer los resultados de lo que se ha hecho para resolver esta situación, en especial, porque el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó la información por tres años.

“La población exige que se dé a conocer lo que está pasando; en medios nacionales y redes sociales hemos visto esta lucha de los ciudadanos, para que se abra esta situación. Daña más reservar la información, porque llevas a una población a que desconozca si está en riesgo su salud, que conocerla, para tomar las medidas preventivas”, planteó.

Del Río Venegas resaltó que el acceso al agua potable es un derecho humano establecido en la Constitución, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el agua de consumo sea sana y esté libre de contaminantes.

Por ello, enfatizó la importancia de que las autoridades no manejen más este tema con discrecionalidad y que den a conocer las acciones que se llevan a cabo para solucionarlo.

“Este Instituto considera que la información solicitada tiene una trascendencia social de muy alto impacto y es de máximo interés público que se conozca, debido a que se relaciona con los derechos humanos a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y la protección de la salud”, afirmó.

La persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que Pemex se declaró incompetente para atender su requerimiento y le sugirió presentarlo a Pemex Logística y a tres dependencias de la Ciudad de México: la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y el Sistemas de Aguas.

Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la comisionada Del Río Venegas, se determinó que Pemex sí es competente y cuenta con diferentes áreas que pueden conocer la información como la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica y la Gerencia de Responsabilidad Social, estas dos últimas áreas responsables de atender la problemática social derivada de la actividad petrolera.

Además, se localizaron múltiples notas periodísticas y pronunciamientos de autoridades como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el presidente Andrés Manuel López Obrador que dan cuenta de la competencia de Pemex para atender la solicitud.

Finalmente, se advirtió que también Pemex Logística cuenta con atribuciones para conocer la información, por lo que, de ser el caso, deberá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Pemex y le instruyó a asumir competencia y dar respuesta a cada uno de los requerimientos relacionados con la contaminación de agua potable en colonias de la alcaldía Benito Juárez.

Con información de EFE

En una sesión celebrada este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó con cuatro votos en contra y uno a favor la propuesta de la ministra Lenia Batres, que buscaba levantar la suspensión que detuvo la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Batres Guadarrama argumentó que la suspensión ponía en riesgo a la población de Guerrero, ya que los fondos de los fideicomisos serían destinados para apoyar a las víctimas del huracán Otis. Además, acusó al juez Edgar Martín Gazca de extralimitarse al otorgar la suspensión, priorizando los intereses de la judicatura sobre los damnificados.

El ministro Luis María Aguilar Morales respondió que no era el momento adecuado para analizar los derechos de los ciudadanos, ya que esa cuestión debe ser revisada en el fondo del asunto. Además, Aguilar Morales señaló que el Poder Ejecutivo debería contar con fondos suficientes para ayudar a los damnificados sin recurrir a los fideicomisos del PJF.

El Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región había otorgado la suspensión contra los cambios a la Ley Orgánica del PJF que resultaron en la desaparición de los fideicomisos. Ante el rechazo a la queja presentada por la presidencia de la República, Aguilar Morales deberá presentar un nuevo proyecto. Dado su participación en la sesión, se prevé que mantenga la suspensión.

La modificación a la Ley del Seguro Social, que incluye una nueva figura de financiamiento del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya está disponible en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta ley contempla la eliminación de los 13 fideicomisos del PJF, cuyos recursos, ascendentes a 16 mil 360 millones de pesos, se planeaba utilizar para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis en octubre de 2023.