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Nacional

Reuniones sin celular y correos cifrados: el espionaje del Ejército obliga a que organizaciones y activistas cambien su comunicación

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en México han modificado sus hábitos de comunicación personal y de grupo para hacer frente al espionaje del Ejército y así continuar con la defensa de los derechos humanos u otros propósitos.

Una vez confirmado el espionaje que realizan los militares sobre activistas, diplomáticos, periodistas y colectivos —evidenciado en varios de los miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hackeados por el grupo “Guacamaya”—, los integrantes de diversas ONG han adoptado nuevas formas de interactuar entre ellos y con sus fuentes de información.

Reuniones en lugares privados y con celulares apagados, compartir información física, evitar comentar datos confidenciales en llamadas telefónicas, usar aplicaciones gratuitas para encriptar datos, eludir links y páginas de dudoso origen y hasta abandonar el activismo, son algunas de las medidas que los activistas toman ante el espionaje.

También recurren a los expertos en tecnología para asegurarse de que sus dispositivos estén libres de intervención.

De hecho, desde octubre pasado, cuando salieron a la luz los correos de la Sedena, Social TIC, una organización que busca prevenir riesgos de ataques digitales, recibe un promedio semanal de 10 activistas, periodistas o personajes públicos interesados en saber si son vigilados a través de sus celulares o computadoras.

Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, dice que este número es mayor a las cinco asesorías semanales que atendía después de que se descubrió que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto utilizó el programa Pegasus para espiar a periodistas y opositores.

El experto en tecnologías de la información explicó que no solo el Ejército espía, también lo hacen funcionarios de cualquier nivel de gobierno con capacidad económica.

“En México sigue habiendo un contexto de ilegalidad, estas intervenciones no se han hecho con la autoridad judicial y da pie a sospechar sobre otros gobiernos estatales, municipales que tengan la capacidad adquisitiva y que puedan llegar a estar comprando este tipo de tecnologías (para espiar)”, advirtió.

Casanueva ha encontrado tres niveles de ataques a dispositivos: de bajo, medio y alto grado.

De bajo grado, explicó, es el intento de acceder mediante phishing o páginas falsas a cuentas de correo electrónico, redes sociales y WhatsApp; de medio grado, es a través de virus que toman control de las aplicaciones del dispositivo intervenido.

Los ataques de alto grado, que dice son los más utilizados por los militares, son aquellos que sin ningún clic un programa malicioso revisa las vulnerabilidades de los sistemas operativos tomando control de cámaras, audio y texto.

Por ejemplo, el software Pegasus se instala con un simple mensaje de texto, con lo que el espía tiene acceso al micrófono y la cámara del dispositivo atacado.

El grupo de hackers “Guacamaya” evidenció el grado de espionaje que existe en México. Un oficio de la Sedena, fechado en agosto de 2020 y clasificado como confidencial con número 2001-6861, exhibe que la subjefatura de Inteligencia Militar reportó la comunicación en Tamaulipas entre tres periodistas y un activista investigado por presuntos vínculos con el Cártel del Noroeste.

En el escrito se detallan la fecha, hora, transcripción de las pláticas y su sentido, así como la forma en que se compartió información para tratar un caso de homicidio.

El reporte se entregó a la Policía Ministerial Militar con la recomendación de integrarse como elemento de juicio para investigarse sin ser parte de alguna carpeta de investigación.

Otro caso de intervención en comunicaciones es el de la presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena Morera. El colectivo Red en Defensa de los Derechos Digitales detectó que la activista es víctima de espionaje.

La Red considera “por la información que sacaron de mi celular, que sí estoy en el grupo de organizaciones o de personas que el gobierno vigila; por otro lado, hay algunos documentos que han sacado en esto del colectivo Guacamaya, donde indican cómo me vinculan a otros grupos sociales y cómo consideran que somos peligrosos”.

La activista, que ha publicado investigaciones y denunciado irregularidades sobre las políticas de seguridad del gobierno mexicano, dijo que en ocasiones se abstiene de ser explícita al hablar por cualquier dispositivo.

“Pero, pues al final del día, lo que quieran saber lo van a buscar en mi teléfono o donde decidan buscarlo, porque este gobierno no se detiene, si no encuentra cosas, te las inventa”, dijo.

Marco Fernández, investigador de la organización México Evalúa, coincide en que a pesar de que periodistas y activistas toman precauciones, no es posible evitar el espionaje, ya sea de gobiernos locales, estatales o del Ejército.

“Esto constituye un delito que ya se estaría investigando para deslindar la responsabilidad penal de quien lo ha estado haciendo, además de las responsabilidades administrativas por el mal uso de los recursos públicos para comprar equipo, que no se justifica utilizar en contra de los críticos del gobierno, ni siquiera bajo las argucias de decir que es seguridad nacional”, dijo.

“No callar, eso me parece fundamental, porque justo lo que se busca, a través de estas acciones intimidatorias, es el silencio, la autocensura y en un gobierno democrático o un país que aspira a ser una democracia saludable, eso no debe de tener lugar”, apuntó.

Morera, Fernández y Casanueva coinciden en que aun sabiéndose espiados, no bajarán la guardia, aunque con sus debidas precauciones. Los tres consideran importante a las organizaciones civiles que trabajan en mejoras para el sistema de gobierno, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos.

Con información de Latinus

Nacional

Faltan supervisores y capacitadores electorales a dos semanas de las elecciones

A dos semanas de las elecciones presidenciales existe un déficit de supervisores y capacitadores electorales, ante lo cual, el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé aprobar un mecanismo para cubrir dichos puestos clave.

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral detalló que hasta el 18 de mayo había 41 vacantes de supervisores y 800 de capacitadores electorales.

Ambos puestos se relacionan a la ubicación e integración de casillas; preparación y distribución de la documentación y los materiales electorales a las presidencias de las mesas de casilla; mecanismos de recolección; sistema de información del desarrollo de la elección; operativo de campo del conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Se tienen cuatro opciones para cubrir las vacantes.

La primera contratar a quienes ya ejercen como supervisores o capacitadores locales, para que realicen las funciones a nivel federal.

La segunda prevé usar la lista de reserva; la tercera opción propone que los servidores locales apoyen a nivel federal sin ser contratados.

Y el cuarto escenario incluir al personal del órgano electoral como los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, de la Rama Administrativa y de honorarios de Oficinas Centrales, así como del personal de Juntas locales, distritales y otros prestadores de servicio, incluyendo personal de Módulos de Atención Ciudadana, Auxiliares Técnicos, entre otros.

Las y los consejeros reconocieron que la falta de sueldos competitivos es una de las causas de la abundancia de vacantes, además de que para este proceso electoral se conjuntaron las convocatorias con el Inegi.

Con información de El Universal

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Nacional

México enviará energía eléctrica a Belice a pesar de apagones

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México va a enviar energía eléctrica a Belice para cumplir con un acuerdo de cooperación.

En los últimos días el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ha declarado el estado de alerta y emergencia en nuestro país, además de que se han reportado apagones constantes.

El pasado 7 de mayo el presidente López Obrador llevó a cabo una ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional para el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

De acuerdo con el comunicado emitido por el gobierno, los dos mandatarios reiteraron un compromiso para “profundizar la relación a todos los niveles a la luz del entendimiento compartido entre los dos gobiernos”.

El mandatario mexicano explicó que se acordó ayudar al país de Centroamérica con energía eléctrica y aún cuando hay una “situación especial por el calor, se va a cumplir el acuerdo para ayudarles”.

En esta conferencia afirmó que el sistema eléctrico de nuestro país no está débil pero que el consumo de electricidad ha aumentado y a pesar de ello no se suspendió el servicio.

Dijo que si su administración no hubiera protegido a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) desde el principio, entonces se habrían registrado apagones todos los días en temporada de calor.

El pasado 7 de mayo se registraron varios apagones en la tarde/noche, sobre todo en la zona centro/sur del país. En ese momento el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró estado de alerta y emergencia en el Sistema Eléctrico.

Como a las 11 de la noche explicó que con el aumento de consumo de energía por el calor, la demanda fue mayor que la producción de energía y varias estaciones dejaron de funcionar provocando apagones por varias horas.

A partir de entonces el CENACE ha estado anunciando estados de alerta en el Sistema Eléctrico y se han reportado apagones en distintas zonas del país.

Es más, apenas el pasado 18 de mayo, por medio de su sitio web, el CENACE declaró un estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional, estado que duró casi todo el día.

Con información de Sopitas

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Nacional

Cifra de candidatos con protección federal en México supera los 500

La cifra de candidatos que reciben protección federal ante el riesgo de violencia superó los 500 a menos de dos semanas de que sean las elecciones del 2 de junio, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya pasa de 500 el número de candidatos que tienen protección, lo vamos a seguir haciendo”, detalló este martes.

“Y también hay otros servicios, el cuidado de la paquetería (de boletas electorales) por parte de la Guardia Nacional, y otras peticiones del INE (Instituto Nacional Electoral) que se están cumpliendo”, expuso el mandatario.

El gobernante mexicano no precisó en su conferencia matutina quiénes han solicitado esta protección, pero apenas hace una semana el Ejército informó de casi tres mil elementos que protegían entonces a 465 candidatos y cuatro funcionarios electorales, además de un despliegue de casi cinco mil agentes para tareas de los comicios.

El proceso suma 15 aspirantes asesinados reconocidos por el Gobierno, pero la organización Data Cívica reportó la semana pasada un total de 30, mientras que la consultora DataInt contabiliza el homicidio de 38 candidatos y un total de 149 relacionados con los comicios, al incluir a asesores, familiares y funcionarios actuales.

Pero López Obrador aseveró que “hasta ahora van bien las cosas”.

“Y eso es lo que esperamos, que toda la gente participe, que todos los ciudadanos salgan a votar y que, entre todos, garanticemos elecciones limpias y libres, que las amenazas, la compra del voto y el fraude electoral queden en la historia, en el basurero de la historia”, expresó.

El presidente también expuso que este lunes hubo una reunión del Gabinete de Seguridad federal con los consejeros del INE, que es un organismo autónomo, para “seguir apoyando para que se tenga plena seguridad, plena libertad, antes, durante y después del proceso electoral del 2 de junio”.

“Sí hay una buena coordinación con el INE para todo lo relacionado con la protección a los candidatos, a los ciudadanos. Y es a través del INE que se está llevando a cabo este plan”, señaló el mandatario.

Las preocupaciones sobre seguridad crecen a menos de dos semanas de que México tenga las elecciones más grandes de su historia, con 98 millones de electores convocados a renovar más de 20 mil cargos, incluyendo la presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores y nueve gobiernos estatales.

Con información de EFE

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