Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), arremetió contra la jueza de la Ciudad de México que concedió una suspensión provisional a Néstor Isidro “N”, alias “El Nini”, para frenar temporalmente su extradición a Estados Unidos.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Bucio exhibió el nombre completo de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros y el juzgado de la Ciudad de México en el que labora.

El subsecretario lamentó que la jueza Sánchez Cisneros le haya otorgado la medida a “El Nini” el 22 de noviembre, mismo día de su detención en Sinaloa.

“El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación; sin embargo, el 23 de noviembre, un día después, el actuario del juzgado cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones y no presentaba golpes ni moretones y no había sufrido malos tratos”, dijo Bucio.

Néstor Isidro Pérez fue detenido por una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con narcotráfico.

Néstor Isidro Pérez se encuentra detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El pasado 22, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó, a través de un comunicado, a Andrés Manuel López Obrador, por la detención de “El Nini”.

Biden afirmó que Néstor Isidro Pérez Salas ha sido uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos.

“Nuestros dos países están más seguros con él detrás de las rejas y enfrentándose a la justicia por sus crímenes“, añadió.

Ayer lunes, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Brian Garland, hizo un recuento de las recientes acciones del gobierno estadounidense contra organizaciones que ilegalmente introducen fentanilo a ese país, principalmente el Cártel de Sinaloa.

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Durante una conferencia en las instalaciones de la Oficina de Asuntos Públicos de Nueva York, Garland refirió la reciente aprehensión de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, y reiteró que el gobierno de Joe Biden busca su extradición.

Con información de Latinus

El Gobierno continúa con la expansión de las responsabilidades del Ejército, y en consonancia con su plan de asignación de infraestructura a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha entregado los aeropuertos de Puebla, Uruapan y Palenque a la paraestatal castrense Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Omeca-Maya-Mexica.

Según lo reportado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la entrega de estos aeropuertos se llevó a cabo mediante la figura de asignación, otorgando así a la empresa aeroportuaria estatal, controlada por la Sedena, la gestión indefinida de la infraestructura aeroportuaria en los tres sitios.

Adicionalmente, se concede la asignación para administrar, operar y explotar los aeropuertos de acuerdo con la visión de la Sedena, aunque se requiere la presentación de planes maestros de desarrollo y mantenimiento conforme a la normativa vigente.

La Sedena ya tiene bajo su administración un conjunto de 12 aeropuertos que el Gobierno federal le ha encomendado debido a las condiciones de inseguridad que han caracterizado su operación.

Aunque inicialmente el ejército estaba involucrado en la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, gradualmente ha consolidado su presencia en posiciones clave del sector aéreo. Ahora, no solo controla este puerto aéreo, sino que ha establecido una paraestatal que supervisa una docena de terminales en todo el país.

Esta paraestatal no solo abarca servicios de suministro de combustibles en dichas terminales, sino que también contempla la creación de una aerolínea que está en planes de despegue, así como una serie de proyectos, como parques, hoteles y el Tren Maya, sin dejar de mencionar la próxima inauguración del aeropuerto de Tulum este viernes.

Los militares ejercen control incluso en las comandancias de los aeropuertos, dirigiendo y supervisando la autoridad aeronáutica en el país.

La Marina, por su parte, asumió funciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hace 20 meses, cuando 1,500 elementos activos de esa dependencia iniciaron tareas de seguridad por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras algunos meses, el propio mandatario propuso que los elementos navales asumieran el control administrativo y operativo del AICM, dando paso a un diseño de mando único que ahora está sectorizado en la dependencia castrense.

Durante 70 años, el AICM estuvo bajo la jurisdicción de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y fue una de las pocas terminales aéreas del país que no fue concesionada al sector privado. Sin embargo, en la actualidad, será el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien tenga bajo su mando el aeropuerto, emitiendo directrices al director general del AICM.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno destinará 2 mil millones de pesos para la adquisición de un conjunto de almacenes de la empresa mexicana de tiendas departamentales Liverpool. Estos almacenes, ubicados en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, serán transformados en una “megafarmacia” que, según el mandatario, abastecerá a todo el país.

Durante una conferencia matutina, López Obrador reveló que el acuerdo de compra ya se concretó, con un 10% ya entregado y el convenio de compraventa firmado. Se espera que el pago total se realice en febrero del próximo año, pero el proceso de adaptación de las instalaciones ya está en marcha.

La inauguración de la “megafarmacia” está prevista para el 29 de diciembre, aunque el presidente mencionó la posibilidad de un aplazamiento a principios de enero en caso de imprevistos. A pesar de que las obras podrían no estar completamente terminadas, López Obrador destacó la importancia de poner en marcha los proyectos anticipadamente para permitir tiempo para su consolidación.

El mandatario subrayó que la oposición critica la creación del almacén de medicinas debido a que “ya se acabó la transa que tenían en la distribución de los medicamentos”. Recordó las prácticas corruptas en la distribución de medicamentos por parte de empresas vinculadas a políticos, y afirmó que la nueva iniciativa pone fin a tales prácticas.