El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno destinará 2 mil millones de pesos para la adquisición de un conjunto de almacenes de la empresa mexicana de tiendas departamentales Liverpool. Estos almacenes, ubicados en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, serán transformados en una “megafarmacia” que, según el mandatario, abastecerá a todo el país.

Durante una conferencia matutina, López Obrador reveló que el acuerdo de compra ya se concretó, con un 10% ya entregado y el convenio de compraventa firmado. Se espera que el pago total se realice en febrero del próximo año, pero el proceso de adaptación de las instalaciones ya está en marcha.

La inauguración de la “megafarmacia” está prevista para el 29 de diciembre, aunque el presidente mencionó la posibilidad de un aplazamiento a principios de enero en caso de imprevistos. A pesar de que las obras podrían no estar completamente terminadas, López Obrador destacó la importancia de poner en marcha los proyectos anticipadamente para permitir tiempo para su consolidación.

El mandatario subrayó que la oposición critica la creación del almacén de medicinas debido a que “ya se acabó la transa que tenían en la distribución de los medicamentos”. Recordó las prácticas corruptas en la distribución de medicamentos por parte de empresas vinculadas a políticos, y afirmó que la nueva iniciativa pone fin a tales prácticas.

Hace unos días trascendió que Emilio Lozoya había logrado que la Fiscalía General de la República le regresara una propiedad valuada en 38 millones de pesos, pero la corporación ya dijo que no se la regresará al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Esto se dio a conocer como la respuesta de la jueza federal Ana Lilia Osorno, quien declaró improcedente un recurso legal que la FGR presentó para quitarle su casa a Lozoya.

Sin embargo, la FGR salió muy chiles con un anuncio en redes que inicialmente presume que “el inmueble que Emilio ‘L’ adquirió ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero, sigue asegurado y no será devuelto”, la cosa no es tan así. Según aceptó la propia fiscalía, apenas está en proceso el recurso de apelación contra la entrega del inmueble valuado en 38 millones de pesos. 

Por el momento la FGR no señala bien, bien a qué artilugios legales recurrirá para revertir la decisión de la jueza Osorno, nomás dice que su fallo se basó en un criterio “inaceptable”, ya que éste niega la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

De acuerdo con la FGR, será en los próximos días cuando se expliquen los alegatos con los que se negará devolverle a Emilio Lozoya un inmueble valuado en 38 melones. Por lo pronto, la casa se encuentra legítimamente asegurada gracias a que ésta tiene que ver con otro procedimiento penal, uno relacionado con delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según explica la FGR.

La ley que, según la FGR, la jueza no respetó la Ley de Extinción de Dominio y señala que “que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado”. Por lo tanto, son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma. Esto, independientemente de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad. 

Con información de Sopitas

En respuesta al rechazo por parte de tres ministros de la Suprema Corte a su propuesta de elección de jueces y ministros mediante votación ciudadana, el presidente Andrés Manuel López Obrador no titubeó al defender su posición durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los ministros, Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, argumentaron en el evento que se requiere un “perfil específico” que no puede lograrse a través de las urnas.

“Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México”, respondió AMLO a las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat, y Alberto Pérez Dayán. “El pueblo se equivoca menos que los potentados, influyentes y académicos del régimen”, añadió.

La polémica propuesta del presidente mexicano ha generado un intenso debate sobre la independencia del poder judicial y la participación ciudadana en la elección de figuras clave en la administración de justicia. La respuesta de López Obrador destaca su firme postura a favor de involucrar directamente a la población en la selección de jueces y ministros, a pesar de las críticas y reservas expresadas por algunos miembros destacados de la Suprema Corte.