En el último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la Policía Federal, bajo la dirección de Armando Navarrete Prida, simuló la contratación de patrullajes de vigilancia y la adquisición de equipos de espionaje y monitoreo de redes sociales con la finalidad de justificar, legalmente, la salida de más de mil 500 millones de pesos de su presupuesto. Hoy, el destino real del dinero es desconocido.

Los desvíos se perpetraron a través de la firma de contratos a sobreprecios injustificados con posibles empresas fantasma (como lo adelantó en su momento un reportaje publicado por Univisión y El País), pero también con el Cuerpo de Seguridad Privada del Estado de México CUSAEM. 

Así lo concluyen diversas verificaciones a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que derivaron en la presentación de tres denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual inició las carpetas de investigación correspondientes. El objetivo de las indagatorias es deslindar responsabilidades para proceder penalmente en contra de quien resulte responsable, así como averiguar el destino del dinero. 

Las autoridades federales presumen que no solo se trataría de un posible caso de peculado, sino también de lavado de dinero.

“En este momento hay el convencimiento claro de que una buena parte, si no es que la totalidad de los recursos asignados estas contrataciones, se triangularon a otras compañías que no eran las proveedoras de los servicios y que, a su vez, lo transfirieron o retiraron en efectivo”, indicó a Animal Político un funcionario federal con pleno conocimiento de la indagatoria.

Los recursos desviados provenían de una partida especial denominada “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” que se destina solo para operaciones de riesgo, urgentes o de confidencialidad extrema. Por ello se permite que los gastos que emanen de ella se lleven a cabo sin seguir los requisitos convencionales de la ley de adquisiciones, como el hacer licitaciones públicas.

Valiéndose de esos controles reducidos, los involucrados asignaron contratos a empresas irregulares por servicios que no correspondían a dicha partida y a precios lejanos de la realidad. En las revisiones se identificaron comprobantes de servicios posiblemente falsos y firmas falsificadas.

Las compañías fantasma contratadas – presumen las denuncias – habrían actuado en colusión con los funcionarios para simular la entrega de servicios o bienes que no existen, o con los que ya se contaba pero se simuló la compra. Hay casos donde se localizaron equipos “adquiridos” que, en realidad, nunca han funcionado.

Las autoridades advierten un patrón sistemático de desvío de recursos desde la partida especial para seguridad nacional. Los nuevos casos denunciados se suman a dos hallazgos previos: uno por el desvío de 1 mil 102 millones de pesos de dicha partida desde la propia FGR y donde ya se ordenó la detención de Tomas Zerón, y otro de la Policía Federal con 19 funcionarios implicados.

Los nuevos casos denunciados

Las denuncias presentadas por la ASF ante la FGR identifican un posible desfalco que asciende a 1 mil 576 millones 550 mil pesos en la Policía Federal en 2018. El monto es la suma de tres casos distintos, dos que involucran a compañías posiblemente fantasma y uno más relacionado con un patrullaje contratado a la policía auxiliar del estado de México.

Por cada uno de esos casos la Fiscalía inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables. A continuación, se detallan los principales hallazgos y anomalías denunciados en cada caso.

Los patrullajes fantasma

En 19 de abril de 2018 la Policía Federal firmó un contrato con el Cuerpo de Seguridad Privada del Estado de México CUSAEM por un monto de 501 millones de pesos que luego fue ampliado el 31 de mayo por un pago extra de 300 millones de pesos. En total, fueron más de 800 millones de pesos pagados a dicha corporación auxiliar.

El concepto de los pagos era para llevar a cabo un servicio de apoyo extraordinario de patrullaje en 20 sedes, 56 infraestructuras y 36 unidades de supervisión, entre otros. Es decir, la Policía Federal contrató a otra policía auxiliar y estatal para la vigilancia de instalaciones.

Esta contratación, señala la ASF en su denuncia, era desde un inicio irregular. Primero porque el dinero se extrajo de una partida que es para gastos urgentes relacionados con seguridad nacional y no para servicios convencionales. Pero mas importante aun: porque la propia Secretaría de Gobernación (a donde estaba adscrita la Policía Federal) contaba también con un cuerpo de seguridad federal del que se podría haber echado mano para hacer lo mismo y gratis.

Pero lo mas grave es que realmente no hay evidencia – creíble – de que todos esos patrullajes y servicios se llevaron a cabo. Pese a ello el dinero se pagó incluso con anticipación.

“Se efectuaron pagos por 801 millones de pesos sin haber acreditado que los servicios de patrullaje y vigilancia pactados hubieran sido prestados, toda vez que no se cuenta con evidencia documental como bitácoras, reportes de supervisión, programa de trabajo, etc., que lo prueben. Adicionalmente, se pagó el total de dichos servicios previo a la conclusión de éstos y, por tanto, no estaban devengados”, indicó la ASF.

Lo que existe, añadió la auditoria, son documentos en donde solo se señala el estado de fuerza supuestamente asignado para los patrullajes y constancias de la supuesta entrega y recepción del servicio y otros oficios, pero que carecen de sustento en los hechos. La actual administración de la Guardia Nacional, que asumió las funciones de la Policía Federal, dijo que no existe ninguna documentación sobre el tema.

Espionaje social caro… y dudoso

En 2018 la Policía Federal firmó un contrato con la empresa Comercializadora Dizoal, S.A. de C.V. para la adquisición de una “Solución Integral de Inteligencia de Monitoreo de Redes Sociales y de Localización Inteligente”. El costo del los equipos y el software que supuestamente se entregarían ascendía a 499 millones 998 mil pesos.

Lo que la ASF encontró tras la revisión de este contrato son irregularidades que generan dudas sobre la compra de estos sistemas, y que levantan sospechas de una adquisición simulada para desviar recursos.

De inicio los auditores identificaron múltiples omisiones en la selección y contratación del proveedor adjudicado, al punto en que ni siquiera se revisó si el mismo estaba al corriente en el pago de impuestos. Tampoco se justificó el carácter de urgente de esta contratación o alguna razón que ameritara echar mano de la partida de seguridad nacional para su compra.

El punto medular es que el proveedor contratado (en posible colusión con los funcionarios corruptos) realmente no proporcionó el servicio. Dizoal argumentó a los auditores que los servicios realmente los proporcionaría un proveedor israelí, del que no existe ninguna constancia de que se le haya pagado algo. 

Tampoco hay registro del ingreso de los bienes desde el extranjero o algún pedimento de importación. En los inventarios no hay evidencia de su recepción. El apoderado de la empresa Comercializadora Dizoal, S.A. de C.V. dijo que no podía aportar más información de su vinculo con el proveedor israelí bajo el argumento de que era información confidencial.

Para la operación de los equipos la referida empresa dijo que subcontrató a otra compañía que se encargaría de la nómina a los colaboradores. Pero al ser consultado por los auditores, esa empresa dijo desconocer totalmente del asunto e incluso evidenció que su firma no coincide con la que hay en los registros.

Un reportaje publicado en El País y Univisión encontró que Dizoal al igual que otra compañía con razón social Esrome, que también ha sido denunciada ahora por la ASF, son en realidad compañías fantasma. Fueron empresas creadas el mismo día, ante un mismo notario, y donde personas de la tercera edad y bajos recursos son los que aparecen como accionistas.

No es todo. Los auditores encontraron en que el sistema que se adquiriría gracias a la firma de este contrato denominado OSINT/Atlas tiene un costo en el marcado que no rebasa los 20 millones de pesos, por lo cual resulta totalmente injustificado que se hayan pagado casi 500 millones.

Finalmente, al revisar qué había pasado con el dinero que sí se pagó a Comercializadora Dizoal, S.A. de C.V, lo que los auditores encontraron en los estados de cuenta es que esta empresa mandó el 100% de los recursos que recibió de Policía Federal a otras compañías que nada tenían que ver con la contratación. 

Ello lleva a los investigadores a presuponer un posible esquema de lavado de dinero detrás de estos movimientos.

Equipos inservibles

En el mismo 2018 la Policía Federal “adquirió” para sus entonces divisiones de Inteligencia e Investigación tres equipos y tres sistemas dedicados al seguimiento e intervención de comunicaciones mediante la adjudicación de dos contratos a la compañía Servicios Esrome, S.A. de C.V., y por un monto total de unos 275 millones de pesos.

La verificación de la auditoría arrojó irregularidades muy similares al caso de Dizoal: falta de documentación que acredite que el servicio se llevó a cabo; la transferencia  del dinero a otras compañías distintas a la adjudicada;, la nula constancia de ingreso de los equipos al país pese a que se dijo que los proporcionaban compañías especializadas en Israel; la firma de contratos incompletos o improcedentes, entre otros.

Al igual que en el caso anterior, la empresa Esrome argumentó que otra supuesta compañía se había encargado de la nómina de los empleados que asesorarían a la Policía Federal en la utilización de la tecnología adquirida. Eso resultó falso pues la empresa señalada negó conocer del tema, y su firma en el supuesto convenio fue falsificada.

Por si fuera poco, los tres equipos supuestamente adquiridos en estas contrataciones han resultado completamente inútiles. Uno de ellos nunca funcionó mientras que los otros dos carecían de las actualizaciones necesarias para darles una utilidad práctica. Hasta diciembre del 2019 los sistemas permanecían inservibles.

Con información de Animal Político