Grupos y ONG proinmigrantes condenaron el fallo de un juez estadounidense que paraliza la decisión del Gobierno de Joe Biden de acabar con el Título 42, una normativa utilizada por Estados Unidos para expulsar de forma exprés a indocumentados en la frontera durante la pandemia.

La Alianza Américas, integrada por 55 grupos proinmigrantes en 18 estados, también llamó hoy al Congreso a votar en contra de cualquier intento de convertir en ley esa política del Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

El Título 42 es una medida de deportación rápida de indocumentados amparada en la pandemia que impusieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en 2020, durante el mandato de Trump, y que permaneció en vigor bajo la Administración de Biden.

Esa medida implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan a su frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

La Alianza Américas señaló en un comunicado que la decisión de un juez federal de Luisiana fue emitida este viernes mientras los republicanos en el Congreso bloquean un paquete de alivio ante la covid-19, demandando una enmienda que haría más difícil eliminar el Título 42.

De acuerdo con la agrupación, si el Congreso votara por convertir en ley la medida, ello instituiría un sistema de asilo “fundamentalmente arbitrario, racista e injusto, en el que las puertas permanecen cerradas para solicitantes de asilo de color, mientras da la bienvenida a solicitantes blancos de Ucrania y Rusia”.

“La efusión de apoyo a los ucranianos muestra que si el Gobierno estadounidense reúne la voluntad política, es posible manejar grandes números de solicitantes de asilo en la frontera de una forma ordenada y humana”, dijo Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.

Por su parte, Helena Olea, directora asociada de programas de la agrupación, sostuvo que el Título 42, activado por Trump durante la pandemia, “nunca tuvo por objeto proteger la salud pública”.

“Tuvo como propósito eliminar la posibilidad de asilo para personas que cruzan la frontera a pie, huyendo de la inestabilidad y la violencia resultante de múltiples factores, incluyendo las políticas estadounidenses”, aseveró.

Esta decisión judicial “viola el derecho legal de los solicitantes de asilo a buscar protección y seguirá obligando a sufrir a las personas vulnerables ante el peligro”, se lamentó la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés).

El grupo instó al Gobierno de Biden a invertir en centros de acogida donde se brinde asistencia legal, reunificación familiar y servicios de apoyo a los inmigrantes.

JUSTICIA PRO TRUMP

A su vez, David Leopold, asesor legal de America’s Voice, dijo que el fallo “es un recordatorio de que la línea judicial antiinmigrante sigue siendo fuerte”.

“Los fiscales generales estatales favorables a Trump y otros políticos continúan encontrando una ruta a través de jueces y tribunales favorables a Trump”, que llega incluso al Supremo de Estados Unidos, agregó.

El juez de Luisiana Robert Summerhays, nominado por Trump, suspendió hoy el fin del Título 42 en respuesta a la demanda presentada por los líderes republicanos de varios estados, como Arizona, Luisiana y Misuri, para frenar la derogación de esa norma por parte de la Casa Blanca.

Summerhays dio la razón a estos estados en su argumento de que el levantamiento de la normativa derivaría en un aumento en la llegada de migrantes, con un impacto en sus sistemas de salud.

Según los demandantes, Biden no siguió los procedimientos correctos para eliminar la medida sanitaria, instaurada durante la Administración de Trump bajo el argumento de evitar el ingreso al país de personas que pudieran contribuir a la diseminación del Covid-19.

Con información de EFE