La Suprema Corte de México ha tomado una decisión que ha dejado sin posibilidad de llevar ante la justicia a los máximos responsables de uno de los escándalos de corrupción política más notorios de la última década en el país: la Operación Safiro. Este esquema de corrupción política involucró el desvío de 250 millones de pesos de fondos públicos del Gobierno federal hacia las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió negar un amparo presentado por el Gobierno de Chihuahua, que buscaba que se le reconociera como víctima de este desvío de fondos que ocurrió en 2016. El Gobierno estatal argumentaba que el dinero malversado estaba destinado a programas de educación en Chihuahua, por lo que los habitantes de dicho estado resultaron perjudicados.

La Operación Safiro implicó a destacadas figuras del PRI y de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). La investigación de la Fiscalía de Chihuahua reveló un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda, dirigida en ese momento por Luis Videgaray, el gobernador César Duarte y la cúpula del PRI para llevar a cabo el desvío de 250 millones de pesos. Estos fondos, depositados por la Federación en las arcas de Chihuahua en 2016, fueron inmediatamente transferidos a empresas ficticias que, a su vez, los blanquearon a través de una red de testaferros y compañías de papel. Finalmente, el dinero se utilizó en las campañas electorales del PRI de ese año, en las que se elegirían varias gubernaturas.

Este entramado de corrupción salió a la luz después de que el PRI perdiera las elecciones en Chihuahua y asumiera la gubernatura el opositor Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN). La investigación condujo directamente a César Duarte, quien gobernó el estado entre 2010 y 2016 y se encuentra en prisión enfrentando cargos por otro desfalco millonario, así como a varios de sus colaboradores. Testimonios recopilados por la Fiscalía estatal permitieron la acusación directa de Alejandro Gutiérrez, conocido como “La Coneja”, secretario general adjunto del PRI y mano derecha del entonces líder nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones. Isaac Gamboa Lozano, quien ocupaba un alto cargo en la Secretaría de Hacienda y que también estuvo involucrado en la trama corrupta, fue asesinado junto a su familia en 2020.

La Fiscalía estatal logró obtener una sentencia en contra de Gutiérrez en el ámbito local por parte de una parte de los desvíos. “La Coneja” fue la figura de mayor rango que pudo ser procesada judicialmente, ya que el resto de los acusados eran funcionarios menores del Gobierno de Chihuahua. Sin embargo, la investigación tuvo un impacto significativo en el partido oficialista y en el Gobierno de Peña Nieto, que intentó obstaculizar la investigación de todas las formas posibles. Uno de los movimientos del Gobierno de Peña fue tratar de transferir el caso a la jurisdicción de la justicia federal, argumentando que los recursos malversados tenían un alcance federal y no estatal. Esta maniobra tenía como objetivo desvincular a Chihuahua y a Corral del proceso.

En 2018, el Gobierno de Peña logró su objetivo gracias a una resolución de la Suprema Corte que determinó que el caso de la Operación Safiro debía ser competencia del Gobierno federal. En ese momento, “La Coneja” ya estaba en prisión. Con la jurisdicción federal, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) retiró los cargos contra Gutiérrez y solicitó el cierre de la investigación. En la práctica, la PGR se convirtió en la defensora de facto del operador de Beltrones. El juez dio luz verde al cierre del caso, y todo esto ocurrió pocos meses antes de que finalizara la Administración de Peña Nieto.

El Gobierno de Chihuahua presentó un amparo con el fin de ser reconocido como víctima del desvío, invocando una disposición legal que establece que la parte perjudicada en un proceso judicial debe dar su consentimiento para que se archive un caso. Este amparo fue rechazado por la Suprema Corte en la decisión emitida este miércoles.

Si la resolución hubiera sido favorable a Chihuahua, la Fiscalía del estado habría tenido la capacidad de revertir el cierre del caso y reanudar la investigación. Javier Corral, quien dejó la gubernatura en 2021, ha señalado en diversas entrevistas que la investigación, de haber continuado, podría haber llegado a involucrar al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al expresidente Peña Nieto, así como a Manlio Fabio Beltrones. Sin embargo, esta posibilidad se ha desvanecido definitivamente con la resolución de la Suprema Corte.