FGR insiste en apelar liberación de Israel Vallarta pese a reconocer montaje de García Luna

El fiscal general Alejandro Gertz Manero anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) apelará la reciente liberación de Israel Vallarta, quien pasó casi dos décadas en prisión sin sentencia como parte del montaje televisivo orquestado por el exsecretario Genaro García Luna en 2005.

La decisión judicial que el 31 de julio absolvió a Vallarta por falta de pruebas en su vinculación con la banda de secuestradores “Los Zodiaco” no fue bien recibida por la fiscalía. Gertz Manero argumentó que existen “seis víctimas de secuestro que aún esperan justicia”, declarando que es “una obligación moral, ética y jurídica” continuar con el proceso contra Vallarta, independientemente de las irregularidades en su detención.

El caso, que originalmente involucró a la francesa Florence Cassez en un operativo mediático ampliamente cuestionado, sigue siendo una herida abierta en el sistema judicial mexicano. Mientras el gobierno actual ha utilizado el fallo para criticar los excesos de la llamada “guerra contra el narco” del sexenio de Felipe Calderón, la FGR ahora busca mantener vigentes los cargos por secuestro contra Vallarta.

Desde su liberación, Vallarta ha manifestado su intención de estudiar Derecho con especialidad en materia penal y ha solicitado públicamente una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, cuyo noticiero transmitió originalmente el montaje de su detención. “Tengo una cuenta pendiente con Loret”, declaró el hombre de 48 años, quien también denunció haber sufrido torturas durante su prolongado encarcelamiento.

Organizaciones de derechos humanos han calificado la apelación como un intento de revictimización. “Este caso demostró ser un montaje desde su origen. La fiscalía debería enfocarse en investigar a los verdaderos responsables de estas fabricaciones judiciales”, señaló Santiago Aguirre del Centro Prodh.

El anuncio de la FGR llega en un momento políticamente sensible, donde la administración actual busca equilibrar su discurso de crítica a los abusos del pasado con la necesidad de mostrar resultados en materia de seguridad. Mientras tanto, Vallarta se prepara para lo que podría ser una nueva batalla legal, esta vez desde el otro lado del sistema que lo mantuvo privado de su libertad durante 19 años sin una condena firme.

Analistas jurídicos advierten que este caso podría sentar un precedente sobre cientos de procesos similares de la era Calderón que permanecen en revisión, muchos de ellos con acusados que llevan más de una década en prisión sin sentencia. La resolución final podría redefinir los límites de la justicia transicional en México.