Internacional
Estados Unidos incauta petrolero con crudo sancionado frente a costas de Venezuela; Maduro denuncia “acto de piratería”
Fuerzas estadounidenses incautaron un buque petrolero que transportaba crudo sancionado frente a las costas de Venezuela. El presidente Donald Trump confirmó personalmente la operación, calificándola como la incautación de petrolero “más grande que se haya realizado jamás” en el marco de su lucha contra el narcoterrorismo.
La fiscal estadounidense Pam Bondi detalló que la operación fue ejecutada de manera coordinada por el FBI, la Guardia Costera de EE.UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. El buque, que transportaba petróleo sujeto a sanciones internacionales procedente de Venezuela e Irán, fue interceptado y tomado bajo control sin que se reportaran heridos o disparos, según las autoridades norteamericanas.
Una operación “limpia” y con implicaciones globales
Imágenes difundidas por las propias autoridades muestran a efectivos militares descendiendo desde un helicóptero sobre la cubierta del petrolero para dispersarse y asegurar el buque. Bondi sostuvo que la incautación se realizó como parte de la investigación de una “red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.
“Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura y continúa nuestra investigación con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado”, declaró la fiscal, insinuando que podrían seguir operaciones similares.
La respuesta de Venezuela: “Robo descarado y piratería internacional”
La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. En un comunicado oficial citado por medios internacionales, la administración del presidente Nicolás Maduro condenó la acción como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”, acusando a Washington de orquestar una campaña sistemática para despojar al país de sus recursos energéticos.
El gobierno venezolano anunció que llevará el caso ante instancias internacionales para denunciar lo que califica como un “crimen internacional”. Esta postura contrasta radicalmente con la narrativa estadounidense, que enmarca la operación dentro de la legalidad y la seguridad nacional.
