Al respaldar la lucha de los habitantes de Chihuahua por la defensa del agua, los gobernadores de la Alianza Federalista exigieron al gobierno federal respeto a la soberanía del estado, luego de los ataques del presidente Andrés Manuel López.

Los 10 gobernadores de la Alianza del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano exhortaron al diálogo al gobierno federal, pues “nos llama la atención, el tono y el desdén del gobierno de la República que se niega a escuchar y atender las propuestas y alternativas que para solucionar el conflicto han planteado de manera conjunta productores y gobierno Estatal”.

Dijeron: respaldamos la lucha del pueblo y del gobierno del estado de Chihuahua en defensa del agua así como el derecho a defender su libertad política y soberanía.

Luego de la toma por manifestantes de la presa La Boquilla que han generado revueltas, los mandatarios pugnaron porque se apueste por el diálogo y la negociación con los productores y cese su permanente descalificación de quienes defienden el agua en las presas de Chihuahua y han alzado la voz para expresar su desacuerdo.

Coincidimos en que México debe cumplir con los términos del tratado internacional de aguas de 1944, el cual debe realizarse acorde a la realidad actual y, aprovechando todas las capacidades de almacenamiento del país, entre ellas el manejo de las presas internacionales.

Históricamente Chihuahua ha contribuido al pago del tratado con una aportación de más del 50% de la cuota anual que se entrega, sin embargo, el escenario de extrema sequía para Chihuahua proyectado para los siguientes meses en el propio Monitor de la Comisión Nacional del Agua, pone en peligro el riego del campo chihuahuense durante la siguiente ciclo agrícola.

La respuesta que ha dado el presidente de la República esta semana en sus conferencias mañaneras, se centra en descalificaciones políticas a falta de argumentos técnicos, tratando de reducir el problema a una disputa de potentados, cuando en realidad el conflicto tiene una dimensión social muy amplia entre toda la población y particularmente entre miles de familias que dependen de los cultivos de la región, en su mayoría ejidatarios y pequeños productores.

“Nos preocupa además, que en el fondo de la posición del presidente de la República expresada hoy, hay una insistencia de estigmatizar y descalificar toda participación política, mientras no sea la de su propio partido, que reivindique o defienda derechos sociales,en los hechos se pretende penalizar la pertenencia a un partido político”.

Con información de El Economista