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Detienen a exmagistrada por destruir evidencia clave en caso Ayotzinapa
En un giro significativo en la investigación del caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este martes a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la destrucción de material audiovisual considerado clave para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Detalles de la detención
- Lugar: Domicilio particular de la exfuncionaria en Chilpancingo
- Autoridad ejecutora: Policía Federal Ministerial
- Situación legal: Ingresada al CEFERESO tras exámenes médicos
- Base legal: Orden de aprehensión girada por un juez federal
Los videos desaparecidos
Según documentos consultados por Proceso, el material eliminado contenía:
✔ Grabaciones de 6 cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala
✔ Imágenes correspondientes a la noche de la desaparición de los 43 estudiantes
✔ Posibles movimientos de vehículos y personas en la zona
Galeana Marín alegó que las imágenes “no eran claras por problemas técnicos”, justificación que fue rechazada por familiares de las víctimas y organismos internacionales.
Implicaciones del caso
- Obstrucción a la justicia: La destrucción de evidencia habría retrasado la investigación por años
- Patrón de encubrimiento: Corrobora denuncias sobre manipulación de pruebas en el caso
- Nueva línea investigativa: Abre la posibilidad de vincular a más funcionarios
Reacciones
- Familiares de los 43: Exigen que la detención sea el primer paso para revelar toda la verdad
- Organismos civiles: Celebran la acción pero piden investigar cadenas de mando
- Gobierno estatal: Se deslinda, señalando que los hechos ocurrieron en administraciones pasadas
Antecedentes clave
◉ Galeana Marín presidió el TSJ de 2013 a 2018
◉ En 2016, la PGR ya había solicitado los videos sin éxito
◉ La CIDH identificó esta omisión como una falla crítica en la investigación
¿Qué sigue?
La FGR tiene 48 horas para presentar a la exmagistrada ante el juez federal que ordenó su captura, mientras analistas jurídicos anticipan que el caso podría reactivar líneas de investigación consideradas muertas.
