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Internacional

Estados Unidos y China alcanzan acuerdo comercial sobre minerales raros

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un nuevo acuerdo comercial con China que permitirá a su país importar minerales raros e imanes de fabricación china, en un intento por estabilizar la cadena de suministro estratégica en sectores clave como la defensa, la tecnología y la industria automotriz. Como parte del pacto, los aranceles estadounidenses sobre productos chinos se establecerán en un 55%.

En contraprestación, Washington accedió a “cumplir lo acordado”, según expresó Trump, lo que incluye facilitar el acceso de estudiantes chinos a universidades y centros educativos en Estados Unidos.

El anuncio coincidió con la publicación de un informe preocupante de la organización Global Rights Compliance (GRC), con sede en Países Bajos, que alerta sobre los riesgos de trabajo forzado en la cadena de suministro de minerales provenientes de la región china de Xinjiang.

Acusaciones de trabajo forzado en la cadena de suministro

El informe de GRC señala que al menos 77 empresas chinas involucradas en la extracción y procesamiento de minerales como titanio, litio, berilio y magnesio operan en Xinjiang, una región al oeste de China donde, según organizaciones internacionales, el gobierno mantiene campañas de asimilación forzada y detención masiva de uigures y otras minorías musulmanas.

Los analistas sostienen que materiales obtenidos mediante estos procesos podrían estar presentes en productos internacionales de uso cotidiano como pinturas, termos, componentes electrónicos, así como en sectores de alta tecnología como el aeroespacial, automotriz y militar.

Empresas globales como Coca-Cola, Walmart, Avon, Nescafé y Sherwin-Williams fueron señaladas como posibles beneficiarias indirectas de esta cadena de suministro, aunque hasta el momento ninguna de ellas ha emitido declaraciones en respuesta al informe.

Contexto geopolítico y negación del gobierno chino

El nuevo acuerdo se dio tras dos días de conversaciones en Londres, que parecieron encaminarse a resolver las tensiones recientes en torno a la exportación de minerales críticos y tecnología. Ambos países, las dos economías más grandes del mundo, buscan retomar el camino del diálogo tras una serie de disputas que amenazaban con fracturar una frágil tregua comercial establecida el mes pasado en Ginebra.

Consultado sobre las acusaciones del informe, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, negó categóricamente que existan prácticas de trabajo forzado en Xinjiang. “La acusación de trabajo forzado no es más que una mentira fabricada por fuerzas anti-China”, afirmó, y pidió a las organizaciones internacionales “no interferir en los asuntos internos del país”.

En contraste, un informe de la ONU publicado en 2022 concluyó que China podría haber cometido crímenes de lesa humanidad en Xinjiang, donde se calcula que más de un millón de uigures fueron detenidos arbitrariamente. Pekín ha rechazado dichas acusaciones, alegando que sus políticas en la región buscan combatir el terrorismo y garantizar la estabilidad social.

Legislación estadounidense y nuevos sectores vigilados

En 2021, el expresidente Joe Biden promulgó una ley que prohíbe las importaciones provenientes de Xinjiang a menos que las empresas puedan demostrar que sus productos no están vinculados al trabajo forzado. La medida, que inicialmente apuntaba al sector agrícola y textil, ha sido ampliada recientemente para incluir nuevas áreas como el aluminio y los productos del mar.

Global Rights Compliance subraya que Xinjiang representa una fuente clave para el suministro de litio y berilio en China, minerales estratégicos en la producción de baterías para vehículos eléctricos y equipos militares avanzados.

Además, un reciente estudio de la Agencia Internacional de Energía advierte sobre la creciente concentración de la producción y refinación de minerales críticos en manos de pocos países, especialmente China, lo que añade una dimensión geopolítica compleja a las negociaciones comerciales y a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

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