Nacional
Polémica por sanción a tuitera: Sheinbaum critica fallo y diputada da marcha atrás

Lo que comenzó como una demanda por “violencia política de género” terminó convertido en un debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión, luego de que el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TET) ordenara a la usuaria Karla María Estrella disculparse públicamente durante 30 días consecutivos por críticas hechas en redes contra la diputada Diana Karina Barreras, del PT.
La medida —calificada por expertos como “desproporcionada”— provocó un inusual rechazo transversal: desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, cuestionaron el fallo, lo que llevó a la legisladora a dar un sorpresivo giro este jueves.
Las críticas desde Palacio Nacional
En su conferencia matutina, Sheinbaum se distanció claramente de la decisión judicial: “no está bien esta exigencia de 30 días de disculpas”, afirmó, aunque aceptó que puedan existir sanciones “en su justa dimensión”.
“El poder es humildad”, añadió, en lo que se interpretó como un mensaje indirecto a Barreras.
Por su parte, Citlalli Hernández, quien ha enfrentado ataques misóginos en redes, fue más contundente: “La libertad de expresión es una máxima de nuestra democracia”, declaró, subrayando que no encontró elementos de violencia de género en el caso.
Advirtió sobre “líneas delgadas que no deben cruzarse” al confundir críticas con ataques a la dignidad.
El “arrepentimiento” estratégico de la diputada
Bajo la presión pública, Barreras —conocida como “Dato Protegido” por su historial de demandas contra críticos— cambió radicalmente su postura.
Aseguró que “desde la primera disculpa fue suficiente” y pidió al TET reconsiderar la sentencia y que “nunca requirió disculpas públicas”, pese a haber promovido la demanda.
Declaró su “amor por la libertad de expresión” en un comunicado que generó escepticismo en redes.
Un precedente peligroso
Analistas jurídicos advierten que el fallo original del TET —aún vigente pese al giro de Barreras— podría sentar un precedente para criminalizar opiniones en redes.
