Chihuahua
Busca Alfredo Chávez dar certeza electoral y replantear elección de regidores por zonas territoriales
El coordinador del GPPAN propone ajustar el modelo antes del proceso electoral 2026–2027, ante riesgos operativos, jurídicos y presupuestales.
En una jugada que apunta más a la cirugía fina que a la improvisación política, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, presentó una iniciativa con carácter de decreto para replantear el cambio en el modelo de elección de regidurías en los municipios de la entidad.
La propuesta busca ajustar artículos transitorios aprobados en legislaturas anteriores que abrían la puerta a elegir regidores por zonas territoriales a partir del proceso electoral 2026–2027. El argumento central: Chihuahua no es Nayarit, ni en extensión, ni en complejidad, ni en costos.
Y aquí conviene poner los números sobre la mesa, sin maquillaje.
Mientras Nayarit —el único estado donde opera este modelo— cuenta con 20 municipios y 1.2 millones de habitantes, Chihuahua tiene 67 municipios y más de 4 millones de personas, muchas de ellas dispersas en extensiones territoriales enormes, con realidades sociales, logísticas y administrativas muy distintas.
El costo de improvisar elecciones
El documento legislativo advierte que implementar regidurías por demarcaciones territoriales incrementaría en aproximadamente 25% el presupuesto del órgano electoral local, lo que se traduce en más de 20.6 millones de pesos adicionales.
Ese dinero no cae del cielo. Saldría de:
• Contratación y capacitación de más personal electoral
• Revisión y fiscalización de nuevas candidaturas
• Producción, traslado y resguardo de material electoral
• Campañas de información para explicar un modelo nuevo y complejo
Como referencia, se recuerda que en un proceso electoral extraordinario reciente, el costo fue de 478 pesos por elector, una cifra que en tiempos de austeridad suena menos a democracia y más a factura inflada.
Representación sí, caos no
Chávez Madrid fue claro —y aquí no hubo rodeos— al señalar que implementar el modelo territorial “no garantiza por sí mismo una mejora efectiva en la representación ciudadana”. Traducido al lenguaje llano: cambiar las reglas sin condiciones técnicas ni presupuestales sólidas puede generar más problemas que soluciones.
La iniciativa no cancela el debate de fondo sobre cómo fortalecer la cercanía entre ciudadanía y gobierno municipal, pero pone el freno antes del precipicio, priorizando certeza jurídica, viabilidad operativa y responsabilidad financiera rumbo al próximo proceso electoral.
En política, como en ingeniería, no todo lo que se ve bonito en el plano resiste la realidad del terreno. Y Chihuahua, por tamaño y complejidad, exige modelos pensados para Chihuahua, no copias mal adaptadas.
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