Congreso de Chihuahua tipifica como delito las llamadas falsas al 9-1-1

Chihuahua, Chih. — El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma al Código Penal para tipificar como delito las llamadas falsas o de broma al número de emergencias 9-1-1, una medida que busca frenar el uso irresponsable de esta línea y garantizar que los recursos de seguridad y atención médica se destinen a emergencias reales.

La iniciativa fue presentada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ante la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Poder Legislativo estatal, y posteriormente avalada por el pleno.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 el número de emergencias 9-1-1 en Chihuahua recibió 2 millones 454 mil 268 llamadas, de las cuales 65.30 por ciento fueron improcedentes, es decir, reportes falsos, bromas o comunicaciones que no correspondían a una situación de emergencia.

La diputada Nancy Frías, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, explicó que cada llamada falsa ocupa líneas y moviliza recursos que podrían ser necesarios para atender incidentes reales, lo que representa un riesgo para la seguridad de la población.

“Los operadores del 9-1-1 están obligados a tratar cada llamada como si fuera real hasta comprobar lo contrario”, señaló. Esto puede implicar el despliegue de ambulancias, patrullas, bomberos o cuerpos de rescate, lo que en ocasiones deja otras zonas temporalmente sin cobertura.

Nuevas sanciones por llamadas falsas

Con la reforma aprobada, se adiciona el Artículo 307 Bis al Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual establece que quien realice de manera dolosa una llamada falsa de emergencia o reporte un incidente inexistente que implique movilización de servicios de seguridad o rescate, podrá enfrentar:

• Pena de 6 a 12 meses de prisión
• Multa de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMAs)

La legislación también contempla agravantes. En caso de que la llamada falsa provoque la movilización efectiva de corporaciones o genere daños, lesiones o perjuicios, las sanciones podrán aumentar hasta en una mitad de la pena de prisión y hasta en una tercera parte de la multa.

Asimismo, el juez podrá considerar factores como la reincidencia, el número de reportes falsos realizados y la magnitud de los recursos movilizados.

Diferencia entre error y mala intención

La reforma también establece una precisión importante: si la llamada fue resultado de un error de apreciación sin intención maliciosa, el caso podrá analizarse bajo las disposiciones del Código Penal relacionadas con las excluyentes de delito, lo que evita sancionar a quienes reportan de buena fe situaciones que posteriormente resultan no ser emergencias.

Uso responsable del número de emergencias

Autoridades estatales señalaron que el objetivo principal de la reforma es promover el uso responsable del 9-1-1, ya que esta línea concentra la atención de incidentes como delitos, accidentes, emergencias médicas, incendios o situaciones de protección civil.

Con la nueva disposición legal, el Congreso busca reducir el número de llamadas improcedentes, optimizar los tiempos de respuesta de las corporaciones y garantizar que los servicios de emergencia estén disponibles para quienes realmente lo necesitan.

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