Congreso de Estados Unidos debate controvertidas reformas al ICE tras protestas y redadas agresivas

el Congreso de Estados Unidos se encuentra inmerso en intensas negociaciones bipartidistas para establecer nuevas reglas y mayores controles sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este impulso legislativo surge tras los incidentes de enero en Minneapolis, donde agentes federales mataron a dos manifestantes, avivando el debate sobre los métodos y la supervisión de estas agencias.

El presidente Donald Trump acordó temporalmente separar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del presupuesto general, extendiéndola por dos semanas para facilitar las negociaciones. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si la Casa Blanca aceptará las demandas centrales del Partido Demócrata, mientras los republicanos buscan incluir sus propias prioridades, como una ley que exija prueba de ciudadanía para votar y mayores restricciones a las llamadas “ciudades santuario”.

Las exigencias demócratas: cámaras, transparencia y órdenes judiciales

Furiosos por lo que califican como redadas migratorias “agresivas” de la administración Trump, los demócratas han presentado un paquete de condiciones para aprobar cualquier aumento presupuestario. Sus principales exigencias incluyen:

1. Cámaras corporales obligatorias: Exigen que todos los agentes del ICE y CBP en operativos de campo porten cámaras corporales, una medida que ya contaba con una partida inicial de 20 millones de dólares en el proyecto de ley. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ordenó recientemente su implementación en Minneapolis, con planes de expansión nacional. Expertos como Gil Kerlikowske, excomisionado de CBP, apoyan la medida pero advierten sobre los complejos protocolos de activación y divulgación de las grabaciones.
2. Prohibición de agentes encapuchados: Una de las peticiones más simbólicas es impedir que los agentes usen máscaras o pasamontañas durante las intervenciones. Los demócratas argumentan que esto fomentaría la rendición de cuentas, mientras los republicanos replican que exponería la identidad de los agentes a represalias y acoso, dado el ambiente de hostilidad hacia ellos.
3. Órdenes judiciales para redadas: Buscan limitar drásticamente el uso de “órdenes administrativas” –documentos internos del ICE– para realizar arrestos en hogares, exigiendo en su lugar órdenes firmadas por un juez. Esta exigencia responde a un memorando interno del ICE, revelado por The Associated Press, que autoriza a los agentes a usar la fuerza para entrar en una residencia basándose solo en una orden administrativa contra alguien con orden final de deportación. Los demócratas también piden terminar con las “patrullas itinerantes” y las redadas en lugares sensibles como escuelas y hospitales.
4. Código de conducta y responsabilidad: Demandan la creación de un código de conducta uniforme para los agentes federales, similar al que rige a las policías locales, y un mecanismo claro de supervisión y acceso a las investigaciones. Este punto ganó urgencia tras el caso de Renee Good, quien fue asesinada a tiros por un agente del ICE en enero, y tras el cual el gobierno federal impidió inicialmente el acceso a las pruebas a investigadores estatales.

Un camino legislativo complejo

Aunque existe un inusual consenso bipartidista sobre la necesidad de que el Congreso intervenga para “bajar las tensiones”, el camino hacia un acuerdo es estrecho. Los republicanos, liderados por figuras como el senador Lindsey Graham, condicionan su apoyo a medidas duras contra la inmigración ilegal.

“No necesitamos promesas. Necesitamos respeto a la ley”, declaró el representante demócrata Bennie Thompson, resumiendo la postura de su partido. Mientras, del lado republicano se advierte sobre los riesgos de desproteger a los agentes. “Si los desenmascaras… obviamente serán atacados”, argumentó el senador Ron Johnson.