Congreso declara constitucional la reforma al Poder Judicial, se turna al Ejecutivo

El Congreso de la Unión declaró este viernes la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que introduce la elección de jueces mediante voto popular. Con esta declaración, solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que la reforma entre en vigor.

El anuncio se realizó primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, donde las “supermayorías” oficialistas aprobaron la medida en cuestión de minutos. La reforma fue respaldada por 23 de las 32 legislaturas locales, cumpliendo así con los requisitos del artículo 135 constitucional.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró: “La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia del Poder Judicial, tras el cómputo de los 23 votos aprobatorios de las legislaturas estatales”.

En el mismo tenor, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reafirmó la constitucionalidad de la reforma. Sin embargo, ambos actos se llevaron a cabo sin la presencia de la oposición, que se ha mostrado en contra de la medida, calificándola como un retroceso para la democracia, la independencia judicial y el equilibrio de poderes, además de advertir sobre una posible intromisión de “grupos de interés”.

Los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en ambas Cámaras del Congreso expresaron su rechazo y señalaron que la declaración de constitucionalidad es una celebración exclusiva del oficialismo, calificando la reforma como un “consumado atraco a la nación”.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y al menos 1,200 jueces y magistrados en todo el país han intensificado sus esfuerzos para detener la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recurriendo tanto a instancias nacionales como internacionales. Entre las organizaciones a las que han acudido se encuentran las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organismos empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC), y calificadoras como Fitch y Moody’s. También el gobierno de Estados Unidos ha advertido posibles repercusiones, incluidos paneles y arbitrajes bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este viernes, un juez en Colima ordenó la suspensión temporal de la promulgación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque el presidente López Obrador, principal defensor de la iniciativa, aseguró que la reforma será oficializada el domingo 15 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia.

Por su parte, la senadora Ernestina Godoy, quien asumirá el cargo de consejera jurídica en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, desestimó la validez del amparo, asegurando que “contra reformas constitucionales no proceden impugnaciones”, en referencia a la suspensión judicial.

Hasta ahora, la reforma ha sido avalada por 23 legislaturas locales, superando el mínimo de 17 requerido por la Constitución para su declaratoria de constitucionalidad. Entre los estados que han dado su aprobación se encuentran Baja California, Durango, Hidalgo, Veracruz, y la Ciudad de México, mientras que Jalisco y Querétaro han rechazado la propuesta.

Tras la declaratoria de constitucionalidad emitida por la Cámara de Diputados, se espera que el decreto sea remitido al presidente López Obrador para su publicación oficial y posterior entrada en vigor.