La justicia en el caso Ayotzinapa no ha encontrado cabida en los últimos ocho años desde aquella noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala cuando tuvo lugar un ataque indiscriminado en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. El saldo: tres estudiantes asesinados, al menos 40 lesionados y 43 estudiantes desaparecidos.

Han tenido que pasar ocho años para que los familiares de las víctimas tengan acceso cabal a un informe más detallado sobre la desaparición de sus hijos, pero de ahí a que todos los responsables reciban castigo y sentencia, todavía queda un largo camino por recorrer.

El 18 de agosto de 2022 el Gobierno de México presentó el Informe Ayotzinapa en el apunta que uno de los principales retos es “romper con el pacto del silencio entre los perpetradores de la violencia y desaparición de los estudiantes para obtener información que permite conocer la verdad de los hechos”.

FGR cancela órdenes de aprehensión

Pero, solo un mes y seis días después de darse a conocer dicho informe, las esperanzas de justicia se volvieron a desbaratar: la Fiscalía General República canceló al menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa. Los más impresionante y también lo más raro es que la mayoría de estas órdenes involucra a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La información fue dada a conocer por El País en un amplío trabajo que detalla que “de las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas cuatro”.

“Entre las órdenes canceladas figuran las de 16 militares, acusados de delincuencia organizada. Uno de los 16 es Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014. Los documentos obtenidos por este diario muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hernández Nieto, estaban acusados también de desaparición forzada”, indica la investigación de El País.

El reportaje indica que también se cancelaron órdenes de detención “contra el exprocurador de Guerrero en la época, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala entonces, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia”.

Murillo Karam, la ‘manzana de la discordia’

De acuerdo con la investigación del diario español las investigaciones coordinadas entre la FGR y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) marchaban ‘bien’ hasta que se presentó el caso de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República-

“El fiscal Gertz ordenó acelerar las acusaciones contra Murillo a mediados de agosto. La UEILCA planteó entonces un plazo de un mes para consignar la acusación al juzgado. Pero Gertz se negó y desplazó a la Unidad. El fiscal general ordenó entonces a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos que tomara el caso de Murillo de manos de la UEILCA y lo presentara al juzgado”.

Jesús Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto al salir de su domicilio, enLomas de Chapultepec, Ciudad de México y una semana después fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Fuentes señalaron a El País que “desde entonces, Asuntos Internos mantiene “ocupada” la UEILCA, desplazando al equipo original de Gómez Trejo”.

AMLO del lado de la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, una vez más a la Fiscalía General de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero. Al ser cuestionado sobre la cancelación de dichas órdenes de aprehensión, el mandatario descartó retomar dichas órdenes bajo el argumento de que estas no están integradas en el Informe Ayotzinapa.

“No estaban en el informe, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Y esto no significa que se cierra la investigación, ya los que están en el informe si se les comprueba que participaron porque son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no, si son culpables o inocentes, si recibieron órdenes, de quién, continúa la investigación”, dijo el presidente en su conferencia matutina del lunes 26 de septiembre.

-¿No se actuará para que se reponga lo de las 21 órdenes?-, le preguntó una reportera.

-Yo creo que no, porque no debería porque el informe es el que nosotros consideramos como válido sin descartar otros-, asestó el mandatario.

Gómez Trejo renuncia

Este 27 de septiembre, un día después de conmemorarse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, el fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, presentó su renuncia al cargo.

El presidente López Obrador se limitó a decir que “hay diferencias” y que por ello Gómez Trejo dejaría la UEILCA.

El País señala que esta decisión ya había sido comunicada desde hace semanas a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados.

Los desencuentros entre Alejandro Gertz Manero y Omar Gómez Trejo se remiten al proceso de consignación del caso Murillo Karam.

“Murillo era un objetivo a medio plazo de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), pero la exigencia del fiscal Gertz dejó a sus integrantes descolocados. Gómez Trejo pidió tiempo a Gertz, un mes, para presentar el caso al juzgado y así llegar bien preparados. El fiscal general se negó y apartó a la UEILCA del proceso”, refiere El País.

Con información de El Financiero