Dictan prisión preventiva a exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles en Michoacán

Un juez federal ordenó prisión preventiva justificada contra cuatro exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021. Los imputados, acusados de delitos como peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero, enfrentan una investigación por presuntos desvíos de recursos públicos, particularmente en proyectos de seguridad.

Los excolaboradores de Aureoles involucrados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, extitular de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC). Sus abogados solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que será hasta el próximo jueves cuando se determine si son vinculados o no a proceso.

Mientras tanto, Bernal Bustamante y Delgado Murillo permanecerán recluidos en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, mientras que Maldonado Mendoza y Villegas Pineda cumplirán su prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.

La administración de Silvano Aureoles ha sido objeto de fuertes críticas por parte de su sucesor, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha denunciado desvíos de recursos públicos durante el mandato de Aureoles, especialmente en proyectos relacionados con la seguridad. Según Ramírez Bedolla, los montos desviados superarían los cinco mil millones de pesos, lo que ha generado un amplio escándalo en el estado.

Este caso ha puesto bajo la lupa la gestión de Aureoles Conejo, quien hasta ahora no ha sido imputado directamente. Sin embargo, la detención de sus excolaboradores marca un punto crucial en las investigaciones sobre presuntas irregularidades durante su gobierno.

Las acusaciones contra los exfuncionarios incluyen el uso indebido de fondos públicos, la conformación de una red de asociación delictuosa y operaciones de lavado de dinero. Estos cargos reflejan la gravedad de las denuncias y podrían derivar en consecuencias legales significativas para los implicados.