El extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, tendrá hasta el próximo miércoles 24 de agosto para presentar pruebas que lo deslinden de las acusaciones que pesan sobre él por el “crimen de Estado” en el que desaparecieron los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en tanto, se mantiene en la cárcel por un alto riesgo de fuga.

La segunda audiencia fue programada por el juez mexicano, Marco Antonio Fuerte Tapia, a las 8:00 horas, tiempo del centro de México, tras más de 12 horas de duración de su primera comparecencia ante el Poder Judicial mexicano, en la que se concedieron tres recesos.

Además, se informó de que el exfuncionario público a cargo de la entonces PGR (2012-2015), durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) deberá permanecer en prisión preventiva, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que hay un elevado riesgo de fuga, al contar con una cuenta con más de 85 millones de pesos (unos 4.3 millones de dólares) y múltiples propiedades en los estados de Hidalgo y Guerrero.

El pasado viernes, la FGR y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso “Ayotzinapa”, así como por la fabricación de la “verdad histórica”.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando hubo una matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital de México.

Según la polémica primera versión que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

Así mismo, la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en dicho basurero.

Su llegada al Reclusorio Varonil Norte se dio por la mañana de este sábado, luego de permanecer en las instalaciones de la FGR en Tacubaya, en la capital mexicana, desde donde fue trasladado en una camioneta gris, escoltada por elementos de las fuerzas armadas.

Involucran a secretario de Seguridad de la CDMX

Durante la presentación del caso en contra del exprocurador Murillo, la FGR dio indicio de la probable participación del actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en la fabricación de la “verdad histórica”.

Las autoridades mexicanas presentaron el testimonio de Bernardo Cano, quien fuera el director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces PGR.

Según Cano, la elaboración de la “verdad histórica” se planeó con anticipación en una reunión en la que participarían altos mandos, entre ellos, Harfuch, quien entonces era el encargado de la Policía federal en Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano.

Otro implicado fue Tomás Zerón, quien fuera el titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien enfrenta un proceso de extradición hacia México desde Israel, por presuntas torturas para confirmar la entonces “verdad histórica” presentada por el Gobierno mexicano en 2015.

Según lo presentado por la FGR, Cano pujó por un criterio de oportunidad para colaborar en las pesquisas, al ser quien grabó las entrevistas y torturas a cuatro supuestos integrantes de Guerreros Unidos y que fueron utilizadas para sustentar la primera versión de lo ocurrido a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Con información de EFE