Diez años sin justicia: el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en medio de una violenta noche que aún hoy sigue envuelta en preguntas sin respuesta. Este caso, que ha marcado profundamente a México, no solo por la tragedia de la desaparición, sino por la impunidad y la falta de justicia, cumplió diez años sin resolverse, manteniendo el dolor y la indignación de sus familias y de la sociedad.

Los hechos

Aquella noche, los estudiantes, que habían viajado desde su escuela en Ayotzinapa hacia la ciudad de Iguala para recaudar fondos y participar en la conmemoración del aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco, fueron interceptados por policías municipales. Los jóvenes se encontraban a bordo de autobuses que habían tomado prestados para su traslado. Lo que comenzó como un control policial ordinario se transformó rápidamente en una serie de ataques y desapariciones forzadas que involucraron a la policía local y, según investigaciones posteriores, a miembros del crimen organizado.

A lo largo de esa noche, seis personas, entre ellas tres estudiantes, murieron, y 43 estudiantes fueron desaparecidos. Desde entonces, sus familias han exigido la verdad sobre lo ocurrido, enfrentándose a un sistema judicial plagado de irregularidades, contradicciones y corrupción.

La “verdad histórica” y sus desmoronamientos

En 2015, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó lo que llamó la “verdad histórica”, basada en la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR). Según esta narrativa, los estudiantes habrían sido entregados por la policía municipal al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en un basurero en Cocula, Guerrero, para luego lanzar sus restos al río San Juan.

Sin embargo, esta versión fue ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes señalaron inconsistencias científicas y fallas en la investigación. El propio GIEI, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que no había evidencia concluyente de que los cuerpos de los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, como aseguraba la versión oficial.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, se abrió la posibilidad de reabrir la investigación y revisar el caso desde cero. Se creó una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y se comenzaron a realizar nuevas indagatorias, desestimando la “verdad histórica” y revelando nuevas pistas sobre la colusión entre autoridades y el crimen organizado.

Los avances y los desafíos

A pesar de los esfuerzos del actual gobierno por esclarecer los hechos, los avances han sido limitados. Se han realizado detenciones de funcionarios y se han revelado documentos clasificados que implican a miembros del ejército en la desaparición, pero las respuestas definitivas siguen siendo elusivas. En 2022, el entonces titular de la Comisión para la Verdad, Alejandro Encinas, aseguró que había indicios de que los estudiantes fueron vigilados y seguidos por el ejército mexicano, lo que abrió un nuevo frente de interrogantes sobre la participación de las fuerzas armadas en los hechos.

Sin embargo, las familias de los estudiantes continúan esperando respuestas claras. Los padres de los 43 normalistas, en medio de su dolor, han encabezado marchas, plantones y reuniones con las autoridades, exigiendo lo que consideran es un derecho básico: saber la verdad y obtener justicia para sus hijos.

El impacto en México

El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la crisis de derechos humanos y la impunidad en México. Cada año, en el aniversario de la desaparición, miles de personas marchan en Ciudad de México y en otras partes del país, en solidaridad con las familias y en protesta contra la falta de justicia. El grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” ha resonado por todo México, evidenciando la demanda de una sociedad que no olvida.

Diez años después, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio de la fragilidad del estado de derecho en México, de la colusión entre autoridades y el crimen organizado, y del dolor que sigue vivo en las familias que no han dejado de buscar a sus hijos. La exigencia de verdad y justicia persiste, mientras la sombra de la impunidad continúa empañando uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del país.