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Nacional

Disputa por territorio y cargos criminales, claves tras la captura de “El Marro”

La captura de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, ocurrida durante la madrugada del domingo 2 de agosto, esta representa una de los golpes más fuertes contra el crimen organizado en el país.

La captura, según lo destacaron ayer diversos funcionarios federales y estatales, fue resultado de un esfuerzo de coordinación e inteligencia de varios meses para cercar al líder criminal, mermar sus apoyos y finalmente localizarlo.

Esta captura da paso al esclarecimiento de distintos hechos delictivos de los que se le acusan a Yépez, las cuales requieren de investigaciones que no han llegado a los jueces, que se irían sumando a los procesos que ya se encuentran en curso.

A pesar de ser un golpe fuerte al crimen organizado en la zona, expertos advierten que la captura por si sola no frenaría la violencia en la entidad, pues el riesgo de disputas internas por el control del grupo, así como en contra de las organizaciones rivales que buscan expandir su dominio.

A partir de la captura de su líder, el Cártel Santa Rosa de Lima tendría algunos puntos a considerar, según destacaron las autoridades y especialistas basados en datos oficiales.

Casos pendientes

Sobre José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” existen grandes números de cargos criminales, en los que directa o indirectamente se le identifican como posible actor intelectual, debido principalmente a su posición como líder del Cártel Santa Rosa de Lima, entre los que se podrían contabilizar los siguientes:

-Lavado de dinero: Empresas, presta nombres y cuentas congeladas.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la SEIDO comenzó una carpeta de investigación por posible lavado de dinero por parte de “El Marro”, así como de miembros de su familia y el círculo más cercano en el Cártel Santa Rosa de Lima. Este caso aún continúa en integración sin ser entregado a un juez.

Fuentes federales revelaron que esta investigación se abrió a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que derivó en el congelamiento de 99 cuentas bancarias, 43 de personas físicas y 56 de personas morales (empresas).

Los trabajos de inteligencia financiera permitieron detectar que, a partir de las ganancias ilícitas provenientes del robo de combustible, la esposa de Yépez y otros operadores financieros adquirieron flotillas de camiones y tráileres, los cuales eran abastecidos por el propio combustible que obtenía el Cártel.

Se identificaron empresas de reciente creación con actividad declarada ante el SAT de “autotransporte de carga foránea”, cuyos accionistas en realidad eran o son prestanombres de este circulo familiar de Yépez.

Dado que la UIF ha continuado con los trabajos de inteligencia financiera que la semana pasada derivaron en el congelamiento de nuevas cuentas bancarias, esta vez de presuntos abogados de Yépez, se prevé la presentación de al menos otra denuncia por lavado de dinero ante FGR.

-Crimen organizado y robo de combustible:

La FGR tiene en curso otra carpeta de investigación de delitos como delincuencia organizada y sustracción de combustible (huachicoleo) en contra de El Marro, siendo este caso el que ha tenido mayor avance. Fue presentado ante un juez que girara una orden de aprehensión.

A El Marro y su grupo delictivo se les acusa del robo de combustible en los ductos de PEMEX desde hace al menos una década, lo que le generó a la empresa pérdidas de más de cien mil millones de pesos solo entre 2014 y 2018.

-Miles de asesinatos, secuestros y extorsiones:

En los últimos cuatro años, los homicidios en Guanajuato se multiplicaron de manera alarmante, pasando de una cifra anual de 957 víctimas de homicidio doloso en 2015 a 3 mil 540 casos en 2019.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, se estima que hasta el 80% de los asesinatos en la entidad están ligados a la presencia o disputa de grupos del crimen organizado, en el que el CSRL liderado por el Marro ha sido protagonista.

La mayor parte de esos crímenes no se ha resuelto. Hay múltiples casos de alto impacto como el ataque a un centro de rehabilitación de adicciones en Irapuato, que dejó 26 muertos, en donde se detiene a algún presunto autor material, pero donde faltan los intelectuales.

Lo mismo ha ocurrido con el asesinato de policías, luego de que se contabilizaran en el primer semestre del año 2020 63 policías asesinados solo en Guanajuato, lo que equivale al 20% abatidos en todo el país.

A todo esto esto se suman casos de robos, extorsiones, cobro de derecho de piso y secuestros, como el de la empresaria que fue rescatada en el operativo de captura de El Marro.

El gran problema es que la responsabilidad de las investigaciones recae en la Fiscalía General de Guanajuato, la cual carece del personal técnico y científico para llevar a cabo y resolver el mayor número de las investigaciones.

-Corrupción local:

De acuerdo con David Saucedo, especialista consultor en seguridad en Guanajuato, el CSRL llegó a tener presencia e infiltrar estructuras de gobierno en 16 municipios de la entidad. Todo ello corrompiendo funcionarios a través del pago de sobornos o de la violencia.

“No solo infiltraron las estructuras de seguridad sino lo hicieron en muchas áreas más de estos gobiernos municipales. Llegaron a colocar funcionarios, alcaldes, y a manejar el presupuesto de obra pública. Todo eso nunca ha sido investigado ni se conocen esas redes de complicidad política”, dijo.

En ese contexto Saucedo consideró que la detención de Yépez abre una posibilidad para que estos casos se clarifiquen. “Este sujeto está cargado de datos de pactos y sobornos. Podría llegarse a un acuerdo para que lo declare con la Fiscalía”, añadió.

Guerra Criminal

De acuerdo a especialistas, la detención de El Marro representó un golpe fuerte para el Cártel Santa Rosa de Lima, más no significa la extinción de este, ni mucho menos que terminen las disputas entre otras organizaciones criminales con presencia importante en Guanajuato.

Debido a que esta organización mantiene presencia en al menos 12 municipios del estado, habrá líderes criminales dentro del cártel que comiencen una guerra interna, la cual mantiene una estructura importante. Para la sucesión de El Marro se perfilaba al jefe de plaza de Celaya, un sujeto apodado El Mamey, mismo que ya fue capturado, por lo que no existe un sucesor claro

Por otra parte, el gran campeón ante el debilitamiento del cártel de El Marro es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero no quiere decir que este grupo delictivo vaya a ocupar automáticamente sus espacios.

El CJNG, tendrá que luchar primero con los remanentes del grupo del Marro, luego con las propias autoridades, y finalmente con otros grupos criminales con presencia notable en el estado. Ciudades clave en este escenario de disputa son Celaya, Salamanca, Irapuato y Acámbaro.

Mientras que en el resto de Guanajuato hay una lucha que se mantiene con grupos contrarios entre los que destacan La Unión de León y el Cártel Nueva Plaza (este ultimo escisión del CJNG) por el control de León y zonas aledañas; el grupo de Los Viagras por el dominio de la zona sur de la entidad y remanentes de Los Caballeros Templarios en áreas colindantes con Michoacán.

El crecimiento de la violencia

A pesar de que desde finales del año 2019 se había advertido que El Marro se encontraba debilitado, este hecho no ha tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia en la zona, sino todo lo contrario.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el primer semestre de 2020 se registraron 2 mil 293 víctimas de homicidio doloso en la entidad, cifra que representa un incremento de la tasa de asesinatos cercana al 30% respecto al mismo periodo de 2019 que, de por sí, ya era récord para el estado.

El que la violencia no disminuyera con el debilitamiento notorio de Yépez Ortiz genera dudas en si su captura realmente impactará en la pacificación de la entidad. De hecho, de acuerdo con David Saucedo, el efecto podría ser exactamente al revés.

El que se consiga frenar el avance de la violencia en Guanajuato es uno de los objetivos prioritarios del gabinete de seguridad del presidente López Obrador. Como el propio presidente lo ha detallado en varias ocasiones, solo esta entidad llega a concentrar cerca de la quinta parte de todos los asesinatos en el país.

Con información de Animal Político.

Nacional

Cifra de candidatos que piden protección del Gobierno se duplica

A menos de un mes de que sean las elecciones, 412 candidatos mexicanos a un cargo público han solicitado protección y seguridad para sus campañas, de los que 129 son aspirantes locales, informó este viernes la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, había expuesto el 23 de abril que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno mexicano era de 360, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.

Una semana antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 250 candidatos con protección federal, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

“Desde la última vez que platicamos (con la prensa), la cantidad se ha duplicado a 412, y 129 son de carácter local”, dijo Taddei a medios al dar el banderazo para el traslado de 317 millones de boletas y otros materiales electorales a todo el territorio mexicano que se utilizarán en los comicios del 2 de junio.

¿Cuántos agentes cuidan a las y los candidatos de las elecciones 2024?

Recordó que el protocolo de atención a los candidatos solicitantes de protección se modificó hace un mes “y ya no tiene que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo (riesgo) sino que inmediatamente se les otorga la seguridad” en cuanto lo solicitan.

Taddei no precisó la cantidad de agentes que cuidan a los candidatos, ya que, dijo, son decisiones de las fuerzas de seguridad.

La preocupación por la violencia contra los aspirantes tuvo un punto alto el 21 de abril, cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motozintla en Chiapas, estado de la frontera sur de México donde hay disputas de los cárteles.

La SSPC mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio.

Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.

Con información de EFE

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Nacional

¿Cuándo será el juicio contra los responsables de la caída de la Línea 12 del Metro?

Este 3 de mayo se cumplen 3 años del colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX y aunque las autoridades capitalinas externaron que la mayoría de las familias de las víctimas ya recibieron reparaciones de daños, aún así no se ha hecho ningún juicio contra los exfuncionarios que han sido señalados.

El 3 de mayo de 2021 poco después de las 22:00 horas, un tren de la Línea 12 del Metro se desplomó entre las estaciones de Tezonco y Olivos, causando la muerte de 26 personas y otras 90 resultaron heridas.

Por este suceso, 10 exfuncionario del llamado “Proyecto Metro” fueron vinculados a proceso, entre los que destaca es Enrique Horcasitas, el exdirector del Proyecto Metro, pero hasta la fecha ninguno de esos funcionarios han sido llevado a juicio.

El abogado Gabriel Regino, quien defiende a los exfuncionarios, declaró a El Universal que se han presentado recursos y amparos para litigar medidas y retrasos audiencias, esto luego de que un juez determinara que los exfuncionarios podrían seguir su proceso en libertad.

A su vez, el abogado defensor señala que aunque los funcionarios son considerados como investigados, no están imputados o señalados en un grado de responsabilidad.

El abogado detalló también que por cuestiones jurídicas, es posible que las víctimas y acusados de la caída del tren de la Línea 12 no alcancen la justicia esperada.

El defensor indicó que se han acudido al recurso denominado “revisión” por esta razón:

“Mientras esto no se resuelva, no habrá juicio y para que esta etapa se pueda resolver faltan entre dos y tres años”.

“Si en dos o tres años las autoridades dicen que deben de enfrentar un juicio, lo enfrentaremos. Si nuestros representados resultan señalados como culpables, nos iremos a la apelación, si perdemos la apelación, nos iremos al amparo directo y si al final del día perdemos todas las instancias, se carecen de recursos por parte de mis representados para hacer un sólo pago y cuando termine este caso, que pueden ser cinco o seis años o incluso más, las víctimas que nunca hicieron un acuerdo reparatorio concreto se quedarán sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de reparación“, agregó y también aseguró que posiblemente la siguiente audiencia se haga en los tres siguientes años.

“No habrá justicia para todas las víctimas y tampoco habrá justicia para las personas que fueron acusadas como responsables de esta tragedia. ¿Por qué razón? Porque la tragedia se derivó de una falta de mantenimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México“, concluyó.

Hasta el momento, tanto agentes como peritos de la Fiscalía de la CDMX han indicado que ya todo queda en tribunales.

Por su parte el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, declaró que a través del gobierno capitalino se ha dado atención médica y psicológica gratuita a víctimas lesionadas, por lo que se han suscrito 118 acuerdos reparatorios, pues el 92% de las víctimas y familiares optaron por el proceso de justicia restaurativa.

“El gobierno de la Ciudad de México mantiene el seguimiento a los casos que aún lo requiera”, comentó el jefe de gobierno capitalino, pero de acuerdo con el abogado Teófilo Benítez, 14 víctimas faltan por ser atendidas, ya que el gobierno de la CDMX no ofertó una cantidad que fuera acorde a los daños que padecen.

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Nacional

Se cumplen tres años del colapso de la L12 del Metro

Este viernes se cumplen tres años del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, tragedia en la que murieron 26 personas.

A manera de homenaje, pero también de protesta, en la estación Mixcoac se colocaron un ataúd con un espejo dentro; coronas fúnebres y veladoras.

Se espera que como cada años, se lleve a cabo una misa en recuerdo de las víctimas.

El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad entre las estaciones de Olivos y Tezonco -en Tláhuac, suroriente de la ciudad- quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

En el segundo aniversario de la tragedia la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) informó que se habían firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con empresas constructoras.

A día de hoy suman 118 acuerdos, según el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, quien pidió no lucrar con la tragedia, en medio de la época electoral.

En cuanto a las imputaciones contra personas físicas, la FGJ informó la apertura de juicios contra seis ex servidores públicos, un corresponsable de seguridad estructural, un director responsable de obra y dos particulares, para un total de 10 personas.

Sin embargo, uno de los presuntos implicados -el ex director responsable de Obra de la L12, Leonardo Alcázar-, murió y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

A tres años del colapso tan solo 14 víctimas continúan el litigio en búsqueda de justicia.

El 15 de enero de 2023, después de 20 meses, la Línea 12 del Metro de Ciudad de México reabrió, de forma parcial.

Un año más tarde, el 30 de enero de 2024, la llamada ‘Línea Dorada’ reabrió en su totalidad.

La reapertura de la Línea 12, que tiene vicios de origen, ocurrió en medio de una nueva polémica sobre la inseguridad y falta de mantenimiento del Metro capitalino.

Con información de López-Dóriga y EFE

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