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En Chihuahua, más muertes por violencia que por covid-19

En la región serrana de Chihuahua, en los últimos días se han registrado más muertes por violencia que por la pandemia de covid-19; en el confinamiento también ha aumentado la violencia familiar, y preocupa la forma en que se atiende.

Además, la explotación ilegal de recursos naturales continúa y no cesa el desplazamiento forzado ni las agresiones contra defensores de derechos humano, así lo señalaron defensores de derechos humanos que participaron en el ‘Foro digital de análisis y crisis sanitaria y económica covid-19’, organizado por el gobierno de Chihuahua, quienes compartieron el espacio con líderes empresariales, educativos y de salud.

En su oportunidad, el secretario general del Sindicato de Salud de la sección 42, Pablo Serna Molina, pidió al gobernador Javier Corral Jurado la aplicación de pruebas inmediatas al personal que presente síntomas de covid-19.

El sacerdote de la Diócesis Cuauhtémoc-Madera y líder social Camilo Daniel pidió la solidaridad como especie humana y con la especie humana, y advirtió que la pandemia es un fuerte llamado de atención para cuidar la ecología: “Necesitamos apostar por energías limpias y renovables”.

Las propuestas que hizo el clérigo en el foro para la post pandemia van desde regresar al trueque en regiones como la Sierra Tarahumara y generar empresas con sentido social, como las cooperativas, hasta utilizar una moneda alternativa regional, así como la capacitación para autoempleo y el fomento de huertos de traspatio y azotea.

Sobre la salud, dijo que debe lucharse para que los sistemas sean públicos, universales y gratuitos, comenzando por la vacuna contra el covid-19, para que sea un bien público mundial, gratuito y accesible para todos.

“Se debe atender la bajísima infraestructura hospitalaria en Madera, Temósachi, Matachí (son sólo algunos municipios de la Tarahumara)”, dijo, y alertó que las cifras de muertes por covid-19 no son tan altas hasta ahora en la región, como sí lo son por violencia.

De acuerdo con el sacerdote, es importante el apoyo psicosocial de la pandemia, sobre todo por el aumento de la violencia intrafamiliar, en un 58% durante los meses de confinamiento. “Se debe atender la angustia, la impotencia, la frustración de la gente actualmente. Y la urgencia de hacer un nuevo pacto político, social y fiscal”.

Tras cuestionar la creciente militarización del país, Camilo Daniel dijo que hay indicios preocupantes con el último acuerdo emitido por el gobierno federal, porque los militares ahora van a estar funcionando al frente de la Guardia Nacional, aun cuando siempre se había solicitado que estuviera supeditada a un mando civil.

“No entiendo muy bien por qué los militares tendrían que estar haciendo algunas tareas que podrían ser de la sociedad civil, como la construcción del aeropuerto, como algunas otras obras que se les han dado a los militares, y no es porque no puedan estar preparados para hacer esas acciones, pero deberían estar supeditados a la Constitución, que fundamentalmente es para la soberanía nacional, en primer lugar, y en segundo, sobre situaciones de desastres, pero no en tareas que puede hacer la sociedad civil”.

Ruth Fierro Pineda, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), coincidió en que la pandemia ha agudizado las desigualdades.

La activista dijo que las organizaciones civiles se han enfocado en atender las afectaciones de las personas víctimas en esta crisis, porque hay quienes no tienen ahora incluso qué comer.

“Otro tema que nos preocupa desde las organizaciones civiles son las violaciones de derechos humanos que se mantienen: la violencia familiar aumenta, la explotación ilegal de recursos naturales continúa, también las agresiones de los defensores, el desplazamiento de las comunidades indígenas”, denunció.

Ruth Fierro advirtió que los derechos humanos están invisibles en la discusión pública, acaparada por el coronavirus, e incluso el decreto presidencial respecto de las fuerzas armadas pasó desapercibido frente a esa situación. Sólo hay incertidumbre, sostuvo.

En el tema económico, agregó, el coronavirus traerá aumento de criminalidad, por lo que se deben implementar medidas, así como las recomendaciones de Naciones Unidas hacia los gobiernos, para que las crisis sanitaria y económica no se conviertan en una crisis de derechos humanos.

Basada en las recomendaciones de la ONU, Fierro Pineda propuso “una campaña de difusión, de motivación en Chihuahua, como el valor más importante que hoy se tiene frente a la pandemia”

Y enumeró cuatro puntos básicos que deben garantizarse: acceso universal a la atención sanitaria y a los servicios básicos como agua potable; suspender los desalojos de viviendas y los despidos laborales, con planes para proteger a los empleados en la etapa de pandemia; involucrar a las personas como parte de la respuesta en la atención alimentaria, y que se involucren los municipios para realizar censos con el fin de que nadie que lo requiera quede fuera y priorizar la mano de obra local.

Sobre la violencia familiar, explicó que le preocupa la complejidad para atender las denuncias en plena pandemia. “Hemos visto que no ha sido fácil para las mujeres presentar denuncias por estar conviviendo todo el tiempo con sus agresores. Es un gran tema en el país, en el estado, donde ya hemos venido demandando mejores servicios, más presupuesto para fortalecer las instancias que atienen este tema”.

En la parte de preguntas y respuestas, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, le preguntó a Ruth Fierro si el servicio de denuncia telefónica 911 no es suficiente, y ella respondió:

“Sin duda es un mecanismo indispensable frente a la situación de ir a presentar, revisar el tratamiento que se está dando desde el 911. Tenemos la necesidad de que se atienda como delito y no sólo que la policía haga una visita, sino dar seguimiento a esas mujeres. Se requiere, más allá de la visita de la policía, un refugio o salvaguardar a otros integrantes de la familia. Hoy es el mecanismo más útil (el 911), pero no es suficiente”.

Pablo Serna, el líder sindical de Salud, reconoció el apoyo del gobierno estatal para hacer posible la reconversión de hospitales para atender la pandemia por covid-19 y otorgar un bono del 30% más de sueldo para el personal médico que está en la primera línea atendiendo la pandemia, pero pidió que se haga extensivo al personal que es primer contacto en otros nosocomios.

Corral respondió que el presupuesto no lo permite, por lo que no se comprometió con ellos, pero aseguró que revisarán el tema si hay más recursos.

José Alfredo Ceniceros Valenzuela, presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, hizo un recuento desde la aparición de coronavirus en el mundo y en la entidad, y la forma en que se fueron organizando para atender la pandemia.

“Para entonces se habían establecido mesas de trabajo para evaluar el potencial deterioro del sistema de salud con la pandemia. Hasta ahora hemos aprendido de esta nueva enfermedad, del virus nuevo, hemos estado estudiando su comportamiento hasta que se inició. No hay terapéutica contundente ni vacuna para combatir, pero debemos seguir practicando las medidas de prevención”, detalló.

Las cifras sociales de la pandemia –abundó– coinciden con las expectativas a nivel mundial, excepto en Ciudad Juárez, por el incremento de contagios y mortalidad.

“Se recomienda hacer pruebas diagnósticas que no se hicieron desde un principio, tal vez por desconocimiento de la pandemia, pero es necesario hacer este tipo de pruebas rápidas en personal médico y grupos muy vulnerables, revisar los esquemas de prevención que se usan en diferentes establecimientos de salud, sobre todo en IMSS”, indicó Ceniceros Valenzuela.

El rezago del sector no es nuevo, enfatizó, sino de muchos años en los que el sector salud ha sufrido la falta de infraestructura, insumos y medicamentos, además de condiciones laborales y salariales, estrategias para combatir la corrupción y privilegiar la investigación.

La epidemióloga Luz Elena Sanin Aguirre, integrante del sistema nacional de investigadores, llamó a cuidar a los adultos mayores, que son los más vulnerables en esta pandemia, porque una sociedad que se valore a sí misma, dijo, debe respetar a las personas adultas mayores, porque son bibliotecas vivientes.

Llamó a poner atención en la comorbilidad como hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, para que sean prioridad una vez que pase la emergencia sanitaria.

A su vez, el presidente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), Luis Alberto Barrio Ramírez, precisó que el organismo invirtió a la fecha más de 37 millones de pesos en acciones de contención de la pandemia de covid-19.

“La salud es prioridad en nuestra comunidad, por ello invertimos en la adquisición de equipo médico como ventiladores, monitores y video-laringoscopios, así como en insumos para la protección del personal de salud que hace frente al covid-19 en las nueve regiones del estado”, soltó el empresario de la Fechac, organismo que nació en otra contingencia, en 1989, con la tromba registrada en la ciudad de Chihuahua.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la asociación de hoteles y moteles de Ciudad Juárez, reclamó que lo que no está haciendo el gobierno federal, lo está haciendo un grupo de contingencia en la entidad.

“Hay mucho que no sabemos, como cuándo termina la pandemia, cuándo habrá vacuna, cuándo se va a aplanar la curva, cómo se levantará la contingencia”, apuntó, y llamó a ser valientes para salir de esta crisis, ya que el sector turístico es el primero que paró y el último que se levantará.

Refirió que el gobierno estatal apoyó al sector con 10 millones de pesos, regresó 9 millones del 2% de impuestos que otorgan los empresarios por concepto de hospedaje y 4 mil 800 millones directo a empleados vulnerables como meseros, camaristas, ayudantes de lavandería y mozos, para que conserven su trabajo durante este lapso.

Los rectores Juan Ignacio Camargo Nassar, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y Luis Alberto Fierro Ramírez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, destacaron la innovación de métodos de enseñanza y el incremento del uso de herramientas tecnológicas, sin perder la vocación educativa.

El rector de la UACJ señaló que esta pandemia también cambiará al sistema educativo, se deberá replantear incluso la plataforma digital que lo ha fortalecido ahora. En tanto, Fierro Ramírez hizo referencia a las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que advierten un aumento de 4.4% de pobreza después de esta crisis, así como la pérdida de salarios e incremento de la desigualdad.

En el foro también participaron César Ochoa Ramos, presidente de Chihuahua Economic Development Corporation, y Luis Aguirre Lang, presidente nacional de Index Industria de Exportación.

Tomada de Proceso 21 de mayo 2020.

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Apagones de la semana pasada afectaron a 2.66 millones de usuarios

Los apagones en México de la semana pasada afectaron a más de 2.66 millones de usuarios, cerca del 5 por ciento del total de alrededor de 49 millones, aseveró este jueves Mauricio Cuéllar, director de Planeación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Es decir, que del 95 por ciento al 97 % del tiempo tuvimos disponibilidad total del Sistema Eléctrico Nacional. Ahora bien, si lo ponemos en el contexto anual, llevamos al día de hoy 135 días calendario, de los cuales, en total, se han interrumpido como máximo seis horas el servicio eléctrico”, argumentó el funcionario.

Cuéllar indicó en la conferencia matutina del Gobierno que se interrumpió de manera rotativa e intermitente el suministro de luz ante las emergencias que declaró el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por un desbalance entre la descarga y la demanda generado por el calor.

“En resumen, en las afectaciones que se tuvieron entre los días 7 y 9 de mayo, los periodos en promedio para cada uno de los usuarios fueron de 30 minutos”, aseveró.

Estos apagones ocurrieron durante la segunda onda de calor del año en México, que ha registrado este mes una temperatura de 1.4 grados por encima del promedio de años anteriores, expuso Juan Antonio Fernández, director de Planeación Estratégica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por ello, la demanda aumentó hasta un 13 por ciento ante el mismo periodo de 2023, lo que equivale a 2.5 veces el consumo de la península de Yucatán, detalló.

En tanto, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que “se resolvieron ya totalmente” los problemas, que estuvieron limitados, según él, a unas horas durante el 7, 8 y 9 de mayo.

“Se dieron determinados problemas tres días, que se resolvieron ya totalmente. Esos tres días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día, y en la noche, en lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo”, alegó.

Bartlett agregó que, “por lo tanto, hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora nada más” y que “nunca ha estado en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional, nunca”, enfatizó.

“El sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos tres días y se recuperó inmediatamente y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años”, señaló.

Los apagones revivieron críticas del sector privado y de la oposición contra la política energética del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de privilegiar a la CFE en detrimento de las plantas privadas, en particular de renovables.

En el mandato de López Obrador (2018-2024), la CFE ha pasado de generar el 38 por ciento de la electricidad nacional a un 49 %, con una meta de superar el 60 por ciento al final del sexenio, en octubre.

“Hemos logrado fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa pública que querían destruir, desaparecer con la privatizaciones durante el periodo neoliberal, ya no lo lograron afortunadamente”, expresó el presidente.

Con información de EFE

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INAI ordena a Pemex informar sobre contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Petróleos Mexicanos (Pemex) informar sobre la contaminación de agua potable en colonias de la alcaldía Benito Juárez, por alguna sustancia eventualmente derivada del petróleo, y sus posibles efectos a la salud.

Específicamente, deberá precisar la sustancia o contaminante que contiene el agua, las acciones para tratarla y los daños que puede causar al cuerpo humano y a la salud de las mascotas.

Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez fue una problemática denunciada por la sociedad civil, lo cual pone de manifiesto la importancia de conocer los resultados de lo que se ha hecho para resolver esta situación, en especial, porque el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó la información por tres años.

“La población exige que se dé a conocer lo que está pasando; en medios nacionales y redes sociales hemos visto esta lucha de los ciudadanos, para que se abra esta situación. Daña más reservar la información, porque llevas a una población a que desconozca si está en riesgo su salud, que conocerla, para tomar las medidas preventivas”, planteó.

Del Río Venegas resaltó que el acceso al agua potable es un derecho humano establecido en la Constitución, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el agua de consumo sea sana y esté libre de contaminantes.

Por ello, enfatizó la importancia de que las autoridades no manejen más este tema con discrecionalidad y que den a conocer las acciones que se llevan a cabo para solucionarlo.

“Este Instituto considera que la información solicitada tiene una trascendencia social de muy alto impacto y es de máximo interés público que se conozca, debido a que se relaciona con los derechos humanos a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y la protección de la salud”, afirmó.

La persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que Pemex se declaró incompetente para atender su requerimiento y le sugirió presentarlo a Pemex Logística y a tres dependencias de la Ciudad de México: la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y el Sistemas de Aguas.

Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la comisionada Del Río Venegas, se determinó que Pemex sí es competente y cuenta con diferentes áreas que pueden conocer la información como la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica y la Gerencia de Responsabilidad Social, estas dos últimas áreas responsables de atender la problemática social derivada de la actividad petrolera.

Además, se localizaron múltiples notas periodísticas y pronunciamientos de autoridades como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el presidente Andrés Manuel López Obrador que dan cuenta de la competencia de Pemex para atender la solicitud.

Finalmente, se advirtió que también Pemex Logística cuenta con atribuciones para conocer la información, por lo que, de ser el caso, deberá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Pemex y le instruyó a asumir competencia y dar respuesta a cada uno de los requerimientos relacionados con la contaminación de agua potable en colonias de la alcaldía Benito Juárez.

Con información de EFE

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Suprema Corte rechaza propuesta para levantar suspensión de fideicomisos del Poder Judicial

En una sesión celebrada este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó con cuatro votos en contra y uno a favor la propuesta de la ministra Lenia Batres, que buscaba levantar la suspensión que detuvo la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Batres Guadarrama argumentó que la suspensión ponía en riesgo a la población de Guerrero, ya que los fondos de los fideicomisos serían destinados para apoyar a las víctimas del huracán Otis. Además, acusó al juez Edgar Martín Gazca de extralimitarse al otorgar la suspensión, priorizando los intereses de la judicatura sobre los damnificados.

El ministro Luis María Aguilar Morales respondió que no era el momento adecuado para analizar los derechos de los ciudadanos, ya que esa cuestión debe ser revisada en el fondo del asunto. Además, Aguilar Morales señaló que el Poder Ejecutivo debería contar con fondos suficientes para ayudar a los damnificados sin recurrir a los fideicomisos del PJF.

El Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región había otorgado la suspensión contra los cambios a la Ley Orgánica del PJF que resultaron en la desaparición de los fideicomisos. Ante el rechazo a la queja presentada por la presidencia de la República, Aguilar Morales deberá presentar un nuevo proyecto. Dado su participación en la sesión, se prevé que mantenga la suspensión.

La modificación a la Ley del Seguro Social, que incluye una nueva figura de financiamiento del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya está disponible en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta ley contempla la eliminación de los 13 fideicomisos del PJF, cuyos recursos, ascendentes a 16 mil 360 millones de pesos, se planeaba utilizar para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis en octubre de 2023.

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