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FGR detiene a exjefa de asesores de García Luna por lavado y delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles la detención de María “N”, identificada como la exjefa de asesores y representante legal de una empresa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente cumple una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La detención se llevó a cabo en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La ahora detenida fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, en Coatlán del Río, Morelos, para ser puesta a disposición de una autoridad judicial.
Vínculos con la estructura financiera de García Luna
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María “N”, cuyo nombre completo sería María Pedraza Madrid según versiones de medios, fungió como apoderada legal de una de las empresas propiedad de García Luna.
La FGR señala que esta empresa habría sido utilizada como instrumento para dos fines principales:
- Fondeo de recursos de procedencia ilícita: Introducir al sistema financiero dinero que presuntamente provenía de la delincuencia organizada.
- Desvío de fondos públicos: Facilitar el mal uso de recursos de la Administración Pública Federal.
La cifra de lavado de dinero que se le atribuye asciende a aproximadamente 5,000 millones de pesos.
Procedimiento legal y presunción de inocencia
En cumplimiento del protocolo, a la detenida le fueron leídos sus derechos constitucionales y se le realizó una certificación médica. El Ministerio Público Federal (MPF) solicitará en breve una audiencia inicial para formularle la imputación correspondiente por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La FGR concluyó su comunicado subrayando el principio de presunción de inocencia: “A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.
