Fiscalía anuncia recuperación del 1.2% del dinero desviado en caso vinculado a la “Estafa Maestra”

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes la recuperación de 62 millones 877 mil 672 pesos como reparación del daño a favor del Estado, en un caso relacionado con irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, no mencionó expresamente el nombre del escándalo conocido como la “Estafa Maestra”, los elementos del caso coinciden con las operaciones de desvío documentadas en ese esquema.

Durante un anuncio público, Godoy detalló que el dinero fue restituido por Ricardo “M” y José “M”, identificados como un exfuncionario público y una autoridad universitaria del Estado de México, respectivamente. Ambos fueron declarados penalmente responsables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, luego de que suscribieran convenios con “irregularidades” que no garantizaron “las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias”.

De acuerdo con la fiscal, la universidad involucrada —cuya identidad no fue revelada— subcontrató a un precio menor la totalidad de los servicios originalmente pactados con SEDESOL —hoy Secretaría del Bienestar—, lo que generó un daño económico a la hacienda pública por el monto recuperado. En lugar de enfrentar un proceso penal completo, ambos acusados aceptaron un acuerdo que incluye la restitución parcial del daño y la aplicación de “sustitutivos penales” contemplados en el Código Penal Federal.

Recuperación mínima frente al desfalco total

Sin embargo, la cantidad recuperada equivale a apenas el 1.2% del monto total desviado en el caso conocido como la “Estafa Maestra”, según documentación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el periodista Arturo Ángel. Este esquema —orquestado durante el gobierno de Peña Nieto— desvió más de 7 mil millones de pesos de programas sociales destinados a población en situación de vulnerabilidad, a través de triangulaciones entre dependencias federales y universidades públicas.

“Aunque se anuncia con bombo y platillo, lo devuelto no es ni la punta del iceberg de lo robado”, señaló un analista consultado, quien pidió reserva de su identidad. “Esto refleja la lentitud y los límites de la justicia penal ante desvíos de gran escala”.

Críticas por opacidad y resultados limitados

El anuncio de la FGR ha reavivado las críticas sobre la opacidad en el seguimiento de los casos de corrupción del sexenio anterior y la eficacia real de los mecanismos de reparación. Organizaciones civiles han insistido en que, más allá de recuperaciones simbólicas, se requiere identificar y sancionar a los responsables intelectuales y políticos del desvío sistemático de recursos.

Hasta ahora, la FGR no ha informado si continuará la búsqueda y recuperación del resto de los recursos desviados en el mismo caso, ni si los “sustitutivos penales” aplicados a los dos implicados incluyen candados para evitar que vuelvan a ocupar cargos públicos.